Por Saskia Niño de Rivera Cover
Hace unos días todas y todos vimos cómo Victoria murió a manos de policías. Ocurrió en nuestro país, en Tulum, Quintana Roo. Una mujer salvadoreña que estaba siendo arrestada por, supuestamente, atentar contra la paz. La supuesta comisión de una falta, terminó en su muerte.
Nos enteramos porque su asesinato quedó grabado. El video se viralizó. Despertó la indignación de la sociedad, pero también sacó a relucir las típicas reacciones de autoridades y políticos.
El alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah, anunció que los cuatro policías fueron retirados de su cargo. El gobernador de Quintana Roo repudió lo ocurrido y habló de “salvaguardar la seguridad e integridad, así como garantizar su acceso a la justicia”, para la familia de Verónica. El presidente López Obrador condenó los hechos y se pronunció por investigar. Bien. Pero, ¿es suficiente?
Victoria huyó de su país orillada por condiciones de pobreza y violencia
“Victoria Salazar era una salvadoreña que vivía en México, desde hace unos años, con una ‘visa humanitaria’. Fue asesinada brutalmente por agentes de la policía de Tulum, en Quintana Roo, México. Somos pueblos hermanos, personas malas hay en todos lados, no olvidemos eso. Mi pésame para la familia de Victoria, sobre todo a sus dos hijas, a quienes les daremos toda la ayuda posible. Nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten. Solo pedimos justicia. Le pedimos al gobierno mexicano que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley”, dijo el presidente de El Salvador Nayib Bukele.
Todas, palabras que reprueban el acto, que siembran la esperanza de una investigación. Tristemente, esas indagatorias pocas veces terminan esclareciendo y castigando los hechos. Condenas en los dichos, sí. Pero, ¿quién asume su tramo de responsabilidad en el brutal homicidio?
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Las calles del país se contagiaron de la indignación y se inundaron de protestas. Por desgracia, las manifestaciones son tantas por tantos casos acumulados, que parecen normalizarse –como la violencia misma-. Cada día son más comunes, más frecuentes. Vivimos una ola de feminicidios, y la realidad está lejos de cambiar. Si acaso, los crímenes se han convertido en nota cotidiana.
La familia de Verónica se enteró por redes sociales de su asesinato. El presidente de El Salvador señaló la desaparición de una hija de Victoria y la violencia sistemática de la expareja. El caso, que estaba impune, con la llave mágica (y casi única alternativa para miles de víctimas) de la atención de los medios, se colocó como prioridad de las autoridades que, de otra forma, difícilmente lo voltearían a ver.
El pasado domingo arrancaron las campañas electorales. Más de 20 mil cargos, en diferentes niveles, están en disputa, en las que serán las elecciones más grandes en la historia de México. Los ciudadanos y ciudadanas estamos deseosos de gobernantes que se responsabilicen por las decisiones que toman o dejan de tomar y, sobre todo, por las consecuencias de las mismas; que se responsabilicen por lo que desde su esfera de injerencia (municipal, estatal o federal, o desde el Legislativo) hacen o deshacen.
Las mexicanas y mexicanos estamos hartos e indignados de ver cómo los gobernantes se reparten culpas y, cuando llega un crimen, se estacionan en el lugar común de la “enérgica condena” sin ir al fondo. Esa retórica vacía del choro inagotable que algunos llaman “hacer política”, no nos acerca a la construcción de un México en paz.
Las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, llegan en medio de una fuerte crisis de violencia que se acumula hace décadas y, si bien no es nueva, tampoco se ha detenido. No se trata de seguir repartiendo culpas, sino de que los responsables asuman el tramo que les toca para transformar la realidad.
No saldremos de la espiral de violencia por obra de una persona, tampoco hay recetas milagrosas. Es asunto de todas y todos. Pero, sobre todo, corresponde a quienes encabezan las instituciones. Un comienzo sería cambiar la retórica política que aleja a las y los ciudadanos. Nuestro país merece autoridades que asuman la corresponsabilidad de los problemas que hoy nos atañen y que no tengan miedo de crear discursos y acciones que realmente generen cambios y nos lleven al México en paz y con seguridad que la mayoría anhelamos.
