Por Vidany Ojeda
Politólogo- UNAM
Desde el año 2011 comenzó a observarse cada 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Lo anterior, con la preocupación por el aumento a lo largo el mundo, entre esos países el nuestro, en el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias como los arrestos, detenciones y los secuestros.
La desaparición forzada se puede entender de acorde a Naciones Unidas siempre que se “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”. En este sentido, lastimosamente las víctimas de desapariciones son arrancadas de la sociedad, privadas de todos sus derechos por lo que son un atentado terrible a los Derechos Humanos.
En nuestro país son muchos los ejemplos que se pueden dar, aunque algunos que son particularmente poderosos en nuestro imaginario colectivo: México 68, el levantamiento zapatista, y más recientemente las víctimas a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las víctimas en el conflicto popular en nuestro estado en el año 2006 o la activista Claudia Uruchurtu, activista desparecida este año presuntamente ejecutada por las autoridades municipales en Asunción Nochixtlán. Lo anterior cobra sentido cuando en nuestro estado cuando de acuerdo con estimaciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas enuncia que hay entre 800 y 900 personas desaparecidos, aunque de acuerdo a la Fiscalía General de la entidad se estima que esta cifra podría ser de hasta 3 mil personas, desapariciones que no se denuncia por el miedo a las represalias y a la poca justicia que se otorga a las víctimas de este delito.
Ante los tortuosos, y muchas veces ineficientes, procesos jurídicos, en nuestro estado ha habido y existen grupos y acciones de visibilizaciòn para nombrar a los y las desaparecidas, para reivindicar el derecho a la memoria y la exigencia de justicia. Los performances del artista y antropólogo oaxaqueño Lukas Avendaño son muestra de ello, reivindicando la desaparición y búsqueda de su hermano Bruno; o acciones como la del pasado 29 de agosto integrantes de la organización Sabuesos Guerreras Oaxaca crearon “El Árbol de la Esperanza” frente el tempo de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad capital y colocaron diferentes listones para enunciar a diferentes personas desaparecidas en la entidad reinvindicando, reclamando de manera legitima: ¡Vivxs se lxs llevaron, vivxs lxs queremos!
