Por Gil Farith Matus Mendoza
Hace un tiempo, en las pláticas que luego se dan con amigas y amigos del Estado, de los que “andan en la política”, comentábamos de los problemas y necesidades de nuestras comunidades, entre ellas la obra pública: calles, espacios de recreación, carreteras, puentes, entre otras.
El sábado 18 de diciembre ocurrió un trágico accidente en la Cañada de Guadalupe, una comunidad chatina perteneciente al municipio de Santa María Temaxcaltepec, ubicada en la Región Costa. Los hechos, como ya se han difundido: desplome de un puente colgante, resultando heridas alrededor de 20 personas, entre ellos niños, quienes tuvieron que ser trasladados a clínicas y hospitales de la región.
Y ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver esto con el título?
Entre mucho y poco, como se suele decir, ya que, una vez que se priorizó la atención médica a los heridos y la ayuda a los familiares, comenzaron los señalamientos y la repartición de culpas, que si el responsable es la autoridad municipal (la actual o la de años anteriores) que se roba los recursos y no construyó bien el puente o la propia gente que no midió las consecuencias. Esto es, la grilla, pues; la política.
Otra arista para analizar la tragedia es el propio puente, cuándo, cómo y para qué se construyó, si estaba planeado para soportar el paso (y peso) de más de 30 personas o si se tenía mantenimiento y revisión de sus condiciones.
Ahora, qué hace coincidir a más de 30 personas en un pequeño, sencillo y débil puente colgante (hamaca, como se les llama localmente), la respuesta ya la sabemos: la gran devoción religiosa y el apego a las tradiciones que persiste en las comunidades indígenas. Como se supo desde el primer momento de la tragedia, las personas se encontraban en procesión hacia una posada, una tradición navideña profundamente arraigada.
¿Tienen culpa las autoridades, las personas o la iglesia por la tragedia ocurrida?
Sí y no. El puente no se desplomó porque las autoridades municipales se estén robando los recursos (que, aclaro, no me consta), el puente colgante es una obra colectiva comunitaria y no una obra pública municipal; lo que sí les correspondía a las autoridades era la revisión del puente y previsión de accidentes.
En cuanto al puente, era una obra necesaria para el cruce de personas, porque en temporada de lluvia aumentaba considerablemente el cauce del río e impedía el traslado de campesinos a sus tierras de trabajo, de quienes iban a la leña o, simplemente, vivían del otro lado. En el día a día, la obra comunitaria era funcional, aunque estructuralmente débil e insegura para soportar una gran cantidad de peso.
Ahora, habrá quien diga que, pese a eso, la gente no se debió de arriesgar a cruzar en montón o, mejor, no debió ir a la posada. Quien así piense, ignora que en dichas comunidades las posadas son de las pocas actividades, en medio de la pandemia, que permiten mantener el tejido social, la cooperación y la convivencia entre sus habitantes.
Lo que sí podemos decir es que, tanto la iglesia como quienes participaban en la posada, debieron tomar las medidas preventivas para el cruce seguro, teniendo en cuenta que había personas de la tercera edad y niños. Con las medidas nada grave hubiera pasado.
En fin, en el mediano y largo plago, las autoridades deben de destinar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para, precisamente, realizar obra pública de infraestructura que permita el pleno desarrollo de las actividades y vida cotidiana de la comunidad. La iglesia, por su parte, debería aconsejar a los feligreses que en la comunidad se prioricen los recursos en obras indispensables, porque, como dato curioso, en la pasada campaña electoral del 6 de junio, un grupo partidario solicitó materiales para construir la barda de la iglesia a cambio de acudir a las urnas, material o recurso que bien se pudo utilizar para mejorar o reacondicionar el puente en cuestión.
De esto último no digo más porque son cosas tenebrosas; hasta aquí lo dejo, porque pa’ luego es tarde.
