Por Amir Paredes Almaraz
Con la toma de protesta de Francisco Martínez Neri como nuevo presidente municipal de Oaxaca de Juárez y ante los problemas padecidos en la ciudad, como lo es la recolección de basura. por ejemplo, que dejó la administración anterior de Oswaldo García Jarquín, cabe preguntarse cuáles son las acciones que tomará este equipo de gobierno entrante para atender diversas circunstancias, en específico de esta columna, aquellas relacionadas a la seguridad pública.
A lo largo de este año, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca ha tenido un desempeño regular en el manejo de este rubro debido a que no se registró una reducción de los mismos, sino una leve tendencia al incremento, al menos en la incidencia delictiva del fuero común, clasificada respecto de los bienes jurídicos afectados como lo son: la vida y la integridad (feminicidio, homicidio, lesiones, aborto), la libertad personal (secuestro, tráfico de menores, rapto), la libertad y la seguridad sexual (abuso, acoso y hostigamiento sexual), el patrimonio (robo, extorsión, daño a la propiedad, despojo), la familia (violencia familiar, violencia de género), la sociedad (corrupción de menores, trata de personas), así como aquellos delitos electorales, al medio ambiente y otros.
Ante ello, la administración precedente, y muchas otras anteriores a ella, han optado por ejecutar acciones de seguridad pública inscritas dentro de ciertos paradigmas, que, a la luz de los resultados obtenidos, dejan un amplio margen para replantearlas y mejorarlas. Caso concreto fue la instalación de veintidós cámaras de videovigilancia dentro de la Central de Abasto y en sus inmediaciones en vísperas de año nuevo, con el fin de mejorar la operación del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), misma intervención cuyo carácter se encuentra inscrito dentro de la táctica situacional/ambiental de la seguridad urbana.
Antes de entrar a fondo en la materia, definamos la seguridad urbana, que para el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU–hábitat), son las intervenciones que tienen por objeto garantizar la libertad y evitar agresiones entre las personas y contra sus bienes públicos y privados, así como el uso en contra de la ciudad, su equipo y los espacios públicos por sus residentes o visitantes. En este sentido, las acciones emprendidas por los gobiernos serán valoradas en tanto puedan garantizar un ambiente libre de violencias, y las cuales, se circunscriben dentro de tres grandes grupos de tácticas: situacional/ambiental, social y comunitaria.
La primera se refiere a percibir a los individuos que delinquen como seres racionales que valoran el riesgo en comparación con la posible recompensa, es decir, que toman la decisión de delinquir en función de las circunstancias que le rodean, mientras más favorables le parezcan, es más probable que cometa el delito. Por ejemplo, una calle poco alumbrada o transitada, la puerta de una casa o negocio sin candado, un vehículo sin alarma, etc. son todos escenarios favorables para la comisión de delitos, siendo precisamente el objeto de las acciones inscritas en este rubro, aquellas dirigidas al entorno, como colocar alumbrado público, cámaras de seguridad, o patrullajes constantes, por mencionar algunas.
La desventaja respecto de otras tácticas es que se concentran en el entorno, dejando de lado el análisis de los individuos y las causas o motivos que puedan tener para cometer delitos, simplificándolos bajo la etiqueta de “seres racionales”. Adicionalmente, desde el punto de vista propagandístico, es mucho más sencillo exhibir la instalación de cámaras de videovigilancia o la adquisición de parque vehicular para el patrullaje.
La segunda táctica, llamada social, centra su foco en la idea de que la prevención está en las causas o predisposiciones sociales y psicológicas que llevan a los individuos dentro de una sociedad a delinquir, los cuales parten de la idea de que el delito se produce por un fallo en la socialización. Por lo que sus intervenciones versan sobre la forma en que se construye el sentido de pertenencia en un núcleo poblacional.
Sin embargo, se puede caer fácilmente en la reproducción de discursos y narrativas prejuiciosas respecto de las expresiones culturales de una comunidad, propiciando indirectamente la discriminación y segregación con motivo de elementos culturales que parecen ser contrarios a la cultura “deseable”. Por ejemplo: la estigmatización de tribus urbanas como los “skaters” tildándolos de delincuentes.
Por último, la táctica comunitaria se encuentra muy vinculada a las premisas de la táctica social, ya que se imagina como una forma de pensar y actuar sobre las causas del delito, orientadas a la comunidad/vecindario en lugar de estar orientadas a las potenciales víctimas o a los potenciales ofensores. Sin embargo, la prevención comunitaria del delito no solo enfoca a la comunidad/vecindario como un objeto de las intervenciones, sino también, al mismo tiempo, como un actor. En este sentido, la participación social de aquellos que comparten un espacio o unos valores en común es el canal básico de la intervención, que busca reconstruir el control social del territorio por parte de quien lo habita.
En suma, una intervención situacional como las acciones que hemos presenciado de forma recurrente en nuestra ciudad resultan acotadas y sin el impacto en las causas que originan el fenómeno de la inseguridad pública; de igual forma, resulta pernicioso perpetuar discursos segregantes como aquellos implícitos en las tácticas sociales, por lo que la apuesta serían aquellas intervenciones comunitarias que doten de capacidad de acción a los propios habitantes y creadores del espacio público de los recursos materiales para controlar y reducir los actos delictivos a través de la significación de los usos de su espacio público.
