El caso de la saxofonista María Elena Ríos ha vuelto a captar la atención pública, no solo por la gravedad de las acusaciones de agresión en su contra, sino por las recientes estrategias legales y políticas que ha adoptado para retrasar el proceso judicial. Ríos, ahora candidata a diputada federal, parece estar usando su influencia para llevar su caso a un terreno más político que legal, según denuncian diversas fuentes.
Suspensión de Amparo Fuera de Tiempo
Recientemente, un juez federal dictó una suspensión provisional de amparo fuera de tiempo, la cual no suspende el procedimiento judicial, otorgándose solo en el caso de que no se hubiera celebrado la audiencia de debate que estaba programada para las 11:00 horas del 11 de junio de este año. Este detalle ha sido central en las controversias que rodean el caso.
Acusaciones de Manipulación Judicial
Ríos ha sido criticada por supuestamente intentar manipular el sistema judicial a su favor. Fuentes cercanas al caso aseguran que su objetivo no es obtener justicia, sino encontrar jueces que favorezcan sus intereses, con el fin de maximizar las ganancias económicas que ha estado buscando durante años. Este comportamiento ha generado escepticismo sobre la autenticidad de sus reclamos y la veracidad de sus acusaciones.
Irregularidades y Retrasos en el Proceso Judicial
El lunes 17 de junio, María Elena Ríos documentó en sus redes sociales que la audiencia de debate contra su agresor se había llevado a cabo sin la asignación de un Tribunal Colegiado, siendo presidida en su lugar por el juez José Gabriel Ramírez Montaño. Ríos ha señalado a este juez de parcialidad y corrupción, acusaciones que ha lanzado también contra otros jueces que no han fallado a su favor. Este patrón de acusaciones pone en duda la imparcialidad de su postura y su verdadero interés en la justicia.
Exigencias y Acciones Controvertidas
Ríos ha exigido de manera prepotente y ofensiva que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, le asigne un Tribunal Colegiado para su caso. Sin embargo, esta demanda es considerada ilegal y absurda, ya que según el acuerdo 11/2022, los delitos de tentativa deben ser tratados por un Tribunal Unitario. Cumplir con las exigencias de Ríos implicaría crear un tribunal especial, lo cual está prohibido por el artículo 13 de la Constitución y sería discriminatorio para otras víctimas.
Desinformación y Manipulación de la Opinión Pública
En los medios de comunicación, Ríos ha sido acusada de proporcionar información falsa y confundir a la opinión pública. Afirmó que el juez José Gabriel Ramírez Montaño no cumplió con la suspensión de amparo dictada en el juicio 660/2024 para que no se celebrara la audiencia de debate. Sin embargo, la versión pública del juicio desmiente esta acusación, ya que la audiencia se celebró el 11 de junio a las 11:00 horas y la suspensión fue notificada al día siguiente. Por lo tanto, el juez no pudo cumplir con la suspensión debido a que esta no existía al inicio de la audiencia.
Impacto en la Justicia y la Sociedad
El caso de María Elena Ríos se ha convertido en un ejemplo de cómo los procedimientos judiciales pueden ser manipulados para fines personales y políticos. La insistencia de Ríos en que se le asigne un Tribunal Colegiado y su ataque constante a los jueces que no le favorecen han retrasado significativamente el avance del proceso judicial. Esto no solo afecta la posibilidad de obtener justicia para ella, sino que también perjudica a otras víctimas que buscan un tratamiento justo y equitativo de sus casos.
El caso de María Elena Ríos sigue siendo un enigma envuelto en controversias y acusaciones de manipulación. La estrategia de retrasar audiencias y exigir jueces a modo pone en entredicho sus verdaderas intenciones, generando dudas sobre si su búsqueda es realmente de justicia o de beneficios políticos y económicos. Mientras tanto, la opinión pública y las autoridades judiciales deben mantenerse alertas y buscar que se haga justicia de manera imparcial y transparente.
