Oaxaca de Juárez, Oax.- Este día, un grupo de ciudadanos se manifestó en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para exigir justicia y una intervención efectiva ante los conflictos sociales y de seguridad en la comunidad de San Pedro Ocotepec. Los manifestantes cuestionaron la falta de acciones contundentes por parte de la titular de la defensoría, Elizabeth Lara Rodríguez, en casos graves de desplazamiento, violencia y violaciones a los derechos humanos en la región.
Los inconformes señalaron que, mientras se alzan voces en favor de las autoridades detenidas de San Pedro Ocotepec, es importante cuestionar si las manifestaciones apoyan a grupos armados o a las víctimas, a presuntos asesinos o a los desplazados, y si buscan favorecer la impunidad o la justicia.
“¿Dónde ha estado la DDHPO en estos ocho años de asesinatos, desplazamientos, feminicidios y violaciones a los derechos humanos? Hoy exigimos que se actúe en defensa de los niños, las mujeres y los ancianos que han quedado desprotegidos,” expresó uno de los voceros del grupo.
Exigen intervención federal y justicia para las víctimas
Los manifestantes solicitaron la incursión inmediata de las fuerzas armadas en la comunidad de Guadalupe Victoria para garantizar la seguridad y la paz de sus habitantes. Además, pidieron que los responsables de crímenes en la región no sean liberados hasta que cumplan sus sentencias y que se capture a quienes aún operan grupos armados y amenazan a los ciudadanos.
También denunciaron que los caciques de San Pedro Ocotepec continúan fortaleciendo sus guardias armadas, restringiendo el libre tránsito, amenazando a la población y condicionando los servicios básicos, como el levantamiento de cuerpos o los entierros en la comunidad.
Críticas al papel de Adelfo Regino Montes y el INPI
Señalaron a Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de intervenir en el conflicto en favor de San Pedro Ocotepec, supuestamente aprovechando sus vínculos familiares con la comunidad. Afirmaron que autoriza obras en el territorio disputado, lo que calificaron como un conflicto de interés que agrava la situación.
Un llamado a la DDHPO y a la sociedad
Los manifestantes exigieron a la DDHPO que emita las recomendaciones pertinentes y deje de actuar con indiferencia ante el conflicto. “No puede ser que, frente a tantos años de violencia, la defensoría permanezca pasiva. Hoy exigimos justicia, el retorno de las familias desplazadas y una solución integral para la paz,” concluyeron.
Aunque los afectados reconocen que las comunidades de la sierra viven en el olvido, aseguraron que no dejarán de alzar la voz hasta que sus demandas sean escuchadas y se garantice la justicia y la seguridad para todos los habitantes.
COMENTARIOS