Oaxaca de Juárez, Oax. – La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) enfrenta críticas severas por su inacción ante las denuncias de trabajadores del poder ejecutivo afectados por la supresión de sus bases laborales. Este lunes, el abogado Víctor Hugo Carriedo Zárate, representante legal de 35 de los afectados, interpuso una queja formal acusando al gobierno estatal de violar los derechos humanos de sus representados, específicamente el derecho al debido proceso y al trabajo digno.
El conflicto surge tras un decreto aprobado por el Congreso del Estado, señalado como arbitrario, que ha dejado a más de 600 trabajadores en la incertidumbre laboral. Según Carriedo Zárate, la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, no ha emitido pronunciamiento alguno sobre esta problemática, lo que genera dudas sobre el compromiso de la institución para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos oaxaqueños.
“La DDHPO no puede seguir siendo espectadora”
El abogado señaló que la inacción de la DDHPO sienta un precedente peligroso de indiferencia ante posibles violaciones de derechos laborales en el estado. Entre las irregularidades detectadas, destacó la falta de criterios claros y transparentes en el proceso de reubicación de los afectados. Un caso emblemático es el de Gaspar, un trabajador con más de 30 años de servicio y reconocido con medallas de plata y oro por su trayectoria, quien no fue considerado en la supuesta reincorporación laboral, a pesar de su intachable desempeño.
Irregularidades y posibles sanciones
Carriedo Zárate advirtió que las irregularidades derivadas del decreto podrían llevar a un juicio político contra los responsables, lo que incluiría la obligación de reinstalar a los trabajadores y garantizar el pago de los adeudos pendientes. Los afectados exigieron la instalación de mesas de trabajo públicas y transparentes, en las que se garantice certeza jurídica y respeto a sus derechos laborales.
Críticas hacia Elizabeth Lara Rodríguez
La gestión de Elizabeth Lara Rodríguez al frente de la DDHPO ha sido duramente criticada por su aparente pasividad ante casos graves como este. Los trabajadores cuestionaron su falta de compromiso para intervenir y emitir recomendaciones al Congreso y al gobierno estatal.
“La defensoría está diseñada para proteger a los ciudadanos, pero parece más interesada en evitar conflictos con el poder que en defender derechos fundamentales,” expresó uno de los afectados durante la protesta.
La demanda: acción inmediata
Los trabajadores insistieron en que la DDHPO debe asumir un papel activo y cumplir con su obligación de proteger a las personas frente a abusos de autoridad. También llamaron al Congreso y al gobierno estatal a rectificar las decisiones tomadas y establecer mecanismos de diálogo para resolver el conflicto de manera justa y transparente.
El silencio de la DDHPO y la falta de respuesta oportuna han generado un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos en Oaxaca. Los afectados reiteraron su compromiso de seguir luchando hasta lograr su reinstalación, con certeza jurídica y respeto pleno a sus derechos laborales.
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