Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) nuevamente se encuentran en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de seguridad privada, lo que ha generado críticas no solo por el despilfarro de recursos públicos, sino también por la burla que representa al propio Gobernador Salomón Jara Cruz, quien había instruido privilegiar a empresas locales y aplicar una política de austeridad.
De acuerdo con documentos obtenidos, la responsable de la Unidad de Servicios Generales y Recursos Materiales de los SSO, Mitzi Dayli García Díaz, autorizó el pago de 22 mil pesos por cada elemento de seguridad a la empresa foránea SERPROSEP, cuando anteriormente a la PABIC se le pagaban 19 mil pesos y a compañías oaxaqueñas solo 14 mil.
El esquema no solo encarece el gasto, sino que además está plagado de inconsistencias: directivos de hospitales y centros de salud han denunciado la presencia de más de 400 elementos fantasma, pues en la práctica la vigilancia es mínima o inexistente en varias unidades médicas.
Pese a las órdenes del mandatario de contratar únicamente a empresas locales y garantizar un manejo austero del presupuesto, los SSO habrían ignorado ambas disposiciones, beneficiando a una compañía foránea que incluso opera bajo un esquema de outsourcing. Según se ha documentado, el servicio lo presta SERPROSEP, pero las facturas se emiten a través de una tercera empresa llamada MÁXIMA GUÍA, con domicilio fiscal en Tlalnepantla, Estado de México.
La dirección reportada —Ignacio Manuel Altamirano 7-1, Ex Hacienda Santa Mónica— corresponde, en realidad, a un pequeño taller de reparación de muebles, lo que levanta aún más sospechas sobre la legalidad y transparencia del contrato.
En suma, las irregularidades apuntan directamente a los SSO, que no solo habrían desacatado la instrucción de Salomón Jara, sino que también estarían desangrando recursos públicos con sobreprecios, contratos opacos y empresas fantasma, mientras los hospitales del estado siguen reportando carencias en insumos básicos y personal.
Un caso que exige sanciones
El desvío de recursos, el encarecimiento de servicios, el uso de empresas fachada y el desacato a las instrucciones del propio Gobernador son señales claras de corrupción descarada dentro de los SSO. Mientras hospitales carecen de medicamentos y personal, el presupuesto se escurre en contratos oscuros y negocios privados.
La gravedad de estas irregularidades no puede quedar en la impunidad. El caso amerita auditorías, sanciones administrativas y responsabilidades penales, no solo para la funcionaria que autorizó los pagos, sino también para quienes desde los SSO han permitido que la corrupción se normalice en detrimento de la salud de los oaxaqueños.
