Es probable que hoy se estén aprobando las leyes secundarias de la Guardia Nacional. La reforma constitucional que le dio origen ha sido votada por muy amplio consenso entre diputados y senadores y ha tenido, además, el respaldo de los 32 congresos locales.
Es verdad que muchas veces el diablo está en los detalles, y en las leyes se suele encontrar en la letra pequeña. Pero el debate que se ha dado sobre la Guardia Nacional es por momentos vacío. Una vez aprobada la reforma constitucional se volvió al tema de la militarización de ese nuevo cuerpo policial con el nombramiento de su comandante, el general en proceso de retiro Luis Rodríguez Bucio. Como hemos dicho muchas veces, una institución que se está creando, que nace, además, en un momento de real emergencia nacional en el ámbito de la seguridad y que en su enorme mayoría está conformada por elementos provenientes de la policía militar (también por policías navales y federales, pero la enorme mayoría, por lo menos dos terceras partes, proviene de la Defensa Nacional) debe tener, en origen, un mando proveniente de esa institución. Más aún cuando la infraestructura, buena parte de los recursos, el equipo y armamento, viene también de esa misma policía militar. Por supuesto que hay civiles capacitados para comandar fuerzas de seguridad, pero en una situación de emergencia, en una institución que está por conformarse como tal y que tiene origen militar, sus mandos también deben serlo, para que sea funcional.
El segundo punto es el que ha impedido que las leyes secundarias de la Guardia Nacional hayan sido aprobadas en tiempo y forma. Asumiendo o, por lo menos, aceptando todo lo anterior, hay quienes plantean que los militares que se integren a la Guardia Nacional pierdan esa condición por completo. No habrá militares que se integren a la nueva Guardia Nacional si eso implica que pierdan sus derechos, su antigüedad, su seguridad social como militares. Pedirles que lo hagan no tiene sentido, y si se termina aprobando un esquema de esas características se dañará profundamente este proyecto.
Los militares que se integren a la Guardia deben preservar sus derechos y su carrera, no pueden ni comenzar de cero ni tener una ruptura con su propia historia. Quienes sean de nuevo ingreso construirán la suya, pero hoy la Guardia Nacional tiene orígenes claros y sus integrantes deben ser protegidos a la hora de preservarlos, por lo menos en esos ámbitos tan personales, tan familiares.
También se ha dicho que la capacitación que reciben sus integrantes será muy incompleta porque los que han comenzado ese proceso tendrán siete semanas y no unos seis meses de capacitación como se establece en otras normas. Lo que sucede es que los cerca de tres mil 700 elementos que han comenzado su capacitación no son nuevos: son veteranos de las policías naval y militar. No son policías civiles, pero su formación se acerca bastante. Los demás provienen de la policía federal. Esos tres mil 700 integrantes de la Guardia Nacional ya tienen una formación policial, no son novatos.
Relacionado con ello también ha habido quejas respecto a las comodidades del periodo de capacitación. He estado en uno de esos centros, en la base militar de Santa Lucía (sí, donde se supone que se construirá el nuevo aeropuerto) y las condiciones, si bien no son las ideales, tampoco son como algunos en redes sociales las han descrito: los cursos se imparten en tiendas de campaña que son las mismas que suele utilizar el ejército; la comida y los dormitorios son dignos; los equipos también; es verdad que a los aspirantes a ser parte de la GN se les evalúa sus capacidades físicas, pero ésa debería ser una norma para una institución policial con fuerte capacidad de reacción: las normas tampoco son tan draconianas, establecen tasas de grasa corporal, etcétera. Y quien no esté en condiciones físicas podrá participar en otras tareas, pero no en las fuerzas de inicio de la GN, que tendrá responsabilidades eminentemente operativas.
Tampoco hay un desplazamiento absoluto de la Policía Federal: el entrenamiento policial la ofrecen capacitadores de la propia Policía Federal, aunque sea en bases militares. Lo que cambiará es el perfil de la institución.
Hay que insistir en un punto: se vive una situación de emergencia en la seguridad pública del país. No hay ni margen de error ni tampoco de improvisaciones o de jugar a la prueba y el error. La GN debe salir adelante ya, aceptando sus orígenes y sus mandos reales. Lo demás es dar un salto al vacío.
