Ayer, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un decreto con el que se acaban las condonaciones de impuestos.
“Con este decreto –anunció– se recuperará la Constitución en letra y espíritu, para que todos contribuyamos, pues en los últimos sexenios, esto significó alrededor de 400 mil millones de pesos”.
López Obrador dijo que las condonaciones de impuestos habían creado, en los dos sexenios anteriores, “un huachicol de cuello blanco” y que la decisión tenía el propósito de recuperar la progresividad en el pago de impuestos. “Que contribuyan más quienes más ingresos tienen”, afirmó el Presidente.
Pocos mexicanos deben estar en contra de tal declaración de principios, que suena absolutamente justa. El problema es que parece estarse secando una laguna en la recaudación para abrir campo a otras.
Una de ellas ha aparecido en el peaje que pagan los mexicanos en las carreteras de cuota. Se calcula que más de un millón de vehículos cruza diariamente por alguna caseta de cobro del país y que, en días en que arrancan o terminan las vacaciones, unos 400 mil usan las autopistas que conectan a la capital con otras ciudades del país.
En “Caseta de cobro”, una canción de 1987, El Tri se preguntaba qué se podría hacer con el dinero que se pagaba un domingo en las carreteras de cuota si “papá gobierno” dejaba de usarlo en sus viajes, sus viejas, sus casas y sus guaruras. Alex Lora y sus muchachos especularon entonces que con esa suma, puesta a buen uso, se podría pagar la deuda externa, dar la vuelta al mundo, financiar la construcción de otro Estadio Azteca o comprar muchos kilos de mota.
Sin embargo, el imaginario de los grupos que viven la extorsión ha llegado más lejos. Ese dinero debe usarse para “liberar a los presos políticos”.
Por lo menos ése es el propósito que dicen tener quienes –un día sí y otro también– toman las casetas de las carreteras México-Cuernavaca, México-Querétaro y varias más.
Se trata de un problema creciente, que usted quizá ya haya atestiguado: gente organizada que llega a las casetas de cobro y, con violencia o intimidación, desplaza al personal que recoge el peaje y obliga a los conductores a pagarle una extorsión, que eufemísticamente llama “cooperación”, mientras el personal de seguridad se queda mirando. Intente usted pasarse de listo con esos extorsionadores y casi seguro le pintarán en el vehículo las siglas de una supuesta organización social o alguna consigna política trillada, con pintura de aerosol.
Al gobierno federal ese tipo de huachicoleo quizá lo tiene sin cuidado. Igual que el de los clientes tabasqueños de la CFE, que se han pasado un cuarto de siglo sin pagar la luz.
BUSCAPIÉS
“¿Pueden venir por su comisionado?”, es el mensaje que ya se acostumbraron a recibir en las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Y es que, con frecuencia, el recientemente nombrado José Alberto Celestinos Isaacs se baja del elevador en el piso equivocado y pide a la recepcionista de un despacho contable le indique cuál es su oficina. El órgano de gobierno de la CRE –al que, en abril pasado, se integraron cuatro nuevos miembros, propuestos por el presidente López Obrador, y entre ellos, Celestinos– lleva casi tres meses sin reunirse por falta de quorum, tiempo en el que no ha otorgado permisos en materia eléctrica, gas natural, petrolíferos o petroquímicos.
