En semanas recientes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, exploraron, en París, estrategias para combatir la violencia verbal y el odio en las redes.
Francia está contemplando promover una ley que obligue a las empresas a retirar mensajes que inciten al odio en un plazo de 24 horas, bajo pena de multa, y desea promover dicha regulación a nivel europeo.
Se propone crear una autoridad administrativa independiente en cada país europeo, encargada de hacer respetar un principio de “transparencia” sobre cómo las redes sociales jerarquizan y moderan los contenidos publicados por sus usuarios.
En esa tesitura, es oportuno recordar que en febrero de este año, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM)–América Latina, el Colectivo Intervozes (Brasil) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina publicaron un valioso documento titulado: Una perspectiva latinoamericana para construir una regulación democrática que limite el poder de las grandes plataformas y garantice la libertad de expresión en Internet. Se busca promover un pronunciamiento de la sociedad civil para participar del debate global sobre responsabilidad de intermediarios y la regulación privada de contenidos con una perspectiva a la que denominan: “regulación inteligente”.
La propuesta incluye seis puntos conceptuales:
1.- Con relación a la regulación privada de contenidos en Internet, expresan su preocupación ante “la creciente intervención privada de las grandes tecnológicas en el libre flujo de información en Internet”. Muchas de estas formas de regulación parten de la imposición de términos y condiciones de uso con criterios vagos, ambiguos e incluso contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos.
2.- En torno a la responsabilidad sobre contenido de terceros, señalan la preocupación que generan “las iniciativas legales que –de manera ilegítima y/o desproporcionada– tratan de imponer a las plataformas responsabilidades y obligaciones que las convierten en jueces o policías privados sobre los contenidos de terceros, sin orden judicial ni debido proceso, con amenaza de sanciones”.
3.- Sobre la concentración en Internet, afirman que el aglutinamiento de poder en unas pocas corporaciones internacionales constituye un “serio riesgo para una Internet libre, neutral y abierta, erosionando tanto el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión como el derecho a la competencia”.
4.- En lo que se refiere a autorregulación vs. regulación abusiva, recuerdan que “la autorregulación debe formar parte de una solución adecuada a estos problemas, pero no puede ser el único camino a recorrer en el actual desarrollo de Internet”. De ninguna manera puede justificarse la aprobación de legislaciones que violenten principios y derechos.
5.- Sobre la regulación inteligente, comparten “la necesidad de construir una propuesta de regulación democrática, que sea capaz de proteger derechos humanos ante las acciones de los gigantes tecnológicos garantizando el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información y una Internet libre y abierta”.
6.- Con relación a la agenda regional de libertad de expresión en Internet, reconocen “la necesidad de impulsar estos temas, propuestas y perspectivas en la agenda de libertad de expresión de América Latina y sus países” con actividades concretas que faciliten el diálogo y debate en torno a estos aspectos.
BALANCE
La revolución digital ha facilitado que las plataformas electrónicas se conviertan en nuevos espacios públicos de información y deliberación democrática.
Ante la eventual regulación estatal en nuestro ciberespacio continental, es crucial construir una “regulación inteligente” que sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
La libertad de expresión en las redes es un asunto central. No debe arriesgarse legislando al “vapor”. En este tema, debemos ser serios y responsables.
