Oaxaca de Juárez, Oax. — La crisis que atraviesa la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) no solo es financiera, sino profundamente política. A las observaciones por más de 101.9 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se suma ahora un señalamiento que ha encendido las alarmas en la comunidad universitaria: el presunto uso de la rectoría como moneda de cambio para garantizar impunidad.
En el centro de la polémica se encuentra el rector Cristian Eder Carreño López, cuya administración enfrenta un “probable quebranto” derivado de contratos de subcontratación que, según la ASF, violan disposiciones legales al emplearse en funciones sustantivas de la universidad. Los recursos, etiquetados para fortalecimiento educativo, habrían sido desviados mediante esquemas que no pudieron justificar su carácter excepcional.
Un margen legal que se estrecha
El órgano fiscalizador ha dado un plazo perentorio para aclarar el destino de los recursos. De no hacerlo, podrían iniciarse procedimientos de responsabilidad resarcitoria que implicarían sanciones económicas y posibles consecuencias penales.
Este escenario coloca a Carreño en una posición crítica. Fuentes al interior de la universidad y actores políticos locales coinciden en que el rector enfrenta no solo una crisis administrativa, sino un riesgo legal que lo obliga a buscar salidas políticas.
El señalamiento: rectoría a cambio de protección
En este contexto surge una de las acusaciones más delicadas: la supuesta negociación entre Carreño y el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz.
Diversas voces dentro de la comunidad universitaria sostienen que el rector estaría dispuesto a ceder el control político de la institución en la próxima elección interna, prevista para mayo de 2026, a favor de un perfil cercano al grupo gobernante, a cambio de respaldo institucional que le permita sortear las observaciones de la ASF.
Aunque no existe hasta el momento una prueba documental pública que confirme un acuerdo formal, el contexto ha alimentado la sospecha: silencio institucional del gobierno estatal, cercanía política creciente y una universidad cada vez más inmersa en dinámicas partidistas.
De la academia al conflicto interno
La crisis no se limita a los números. En los últimos meses, la UABJO ha sido escenario de protestas, bloqueos y acusaciones internas. El sindicato universitario denunció la contratación de cientos de trabajadores sin transparencia, lo que detonó movilizaciones y exigencias de rendición de cuentas.
Paralelamente, conflictos en facultades como Derecho han evidenciado una gobernabilidad debilitada. Críticos de la rectoría señalan que estos conflictos no han sido atendidos con seriedad, sino utilizados como herramientas de presión política.
Un rector entre dos gobiernos
El pasado político de Carreño también pesa. Llegó a la rectoría con el respaldo del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, bajo una lógica de control partidista que, según analistas, permitió la injerencia del PRI en la vida universitaria.
Hoy, con Morena en el poder estatal, el rector parece haber reconfigurado sus alianzas. Este viraje ha sido interpretado por sectores críticos como una estrategia de supervivencia política más que un compromiso con la autonomía universitaria.
Autonomía en riesgo
El fondo del conflicto es claro: la posible subordinación de la universidad a intereses políticos externos. La cercanía entre rectoría y gobierno estatal ha despertado preocupación sobre la pérdida de autonomía, uno de los principios fundamentales de la educación pública.
Mientras tanto, el silencio oficial del gobierno de Oaxaca frente a las observaciones de la ASF y las protestas internas ha sido interpretado por algunos como una omisión conveniente.
Crisis abierta
La UABJO enfrenta hoy una doble crisis: financiera y de credibilidad. Cada día que pasa sin aclarar el destino de los más de 101 millones de pesos observados profundiza la desconfianza.
La comunidad universitaria se encuentra ante una disyuntiva: permitir que los acuerdos políticos definan el rumbo institucional o exigir transparencia total y rendición de cuentas.
El desenlace no solo definirá el futuro del rector, sino el papel de la universidad como espacio autónomo o como pieza dentro del tablero político estatal.
