La Fiscalía General de la República (FGR) de México no descarta citar al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) dentro de la relanzada investigación sobre la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, dijo este jueves el fiscal especial del caso.
Al cumplirse cinco años de la desaparición de los estudiantes, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez, dijo que la próxima semana comenzará a citar a las personas que en ese entonces tenían un cargo público y relación con el caso.
“Este relanzamiento de la investigación va a tocar y va a traer a todas las personas que forman parte de los ámbitos municipal, estatal y federal”, dijo Gómez en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional.
Precisó que entre las personas que serán citadas figura Jesús Murillo, quien estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República, antecesora de la FGR, y que enunció la “verdad histórica” sobre el caso, una versión ampliamente desacreditada por investigaciones.
Al ser interrogado sobre si también sería llamado el expresidente Peña Nieto, replicó: “Todas aquellas autoridades que tenían un cargo en ese momento. Nadie está por encima de la ley, y si es necesario a partir de los propios indicios, será llamada ante la justicia cualquier persona, sea quien sea”.
Gómez señaló que se están retomando todas las líneas de investigación contenidas en los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigó el caso y desmontó la “verdad histórica”.
De acuerdo con la versión oficial, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre por policías municipales de Iguala, Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un vertedero de basura.
Pero en las conclusiones de su investigación, presentadas a fines de 2015, el GIEI sostuvo que era imposible que 43 cuerpos fueran incinerados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que entre el martes y el miércoles de la próxima semana acudirán a declarar ante la FGR exfuncionarios de Guerrero, incluyendo al exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaki Blanco.
“Ampliarán sus declaraciones en lo referente a la investigación que desarrolló la Fiscalía estatal los primeros seis días (después de la desaparición)”, apuntó.
Por otro lado, Encinas dijo que como parte de las renovadas investigaciones llevada a cabo durante el Gobierno de López Obrador, se creó un comité científico con numerosas autoridades.
Dicho grupo analizó 80 millones de llamadas telefónicas de la noche de los hechos y los días subsiguientes, identificando 206.000 de interés.
De esta manera, se determinó que ninguno de los jóvenes desaparecidos salió del estado y ninguno tuvo contacto con grupos criminales.
“La única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna”, concluyó.
A su vez, López Obrador manifestó que la investigación sobre la desaparición de los estudiantes “va más allá de un simple delito; es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos”.
“Sería una gran contribución que se ayude a saber el paradero de los jóvenes. Quienes sepan algo no solo tendrán una recompensa en lo material; darán un servicio de primer orden al país. Y nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos, y si se requiere, ayudarlos si están implicados”, acotó.
