El Infonavit y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan irregularidades por un pago de más de 5 mil millones de pesos por una intempestiva cancelación de un contrato con la empresa Telra Realty.
El pago se hizo a fines de 2017 a raíz de la decisión del entonces director del Infonavit, y actual Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, de cancelar el contrato que dicha empresa tenía para manejar en exclusiva un Programa de Movilidad Hipotecaria, conocido como Cambiavit.
Dicho programa permitía adquirir otra vivienda estando vigente un crédito con el Instituto.
El 30 de agosto de 2018, REFORMA publicó que el sucesor de Murat, el hidalguense David Penchyna, propuso al Consejo de Administración del infonavit pagar 5 mil 88 millones de pesos al proveedor para evitar «contingencias jurídicas». La propuesta fue aprobada.
El pago multimillonario a Telra se llevó a cabo a pesar de que no estaba estipulado en las cláusulas del contrato que firmó con el Infonavit ninguna penalización por suspensión de contrato.
Actualmente está en curso una denuncia ante la Fiscalía General en contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos probablemente constitutivos del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y/o los que resulten, contemplados en el artículo 217 del Código Penal Federal, perpetrado en agravio del Infonavit.
“El proceso penal, relacionado con el PHM (Programa de Movilidad Hipotecaria), continúa abierto, y la administración actual del Infonavit está dando seguimiento a éste”, dijo el Instituto en respuesta a un cuestionario de REFORMA sobre el tema.
“En este sentido, tanto la Contraloría General, como la Administración actual del Infonavit se encuentran dispuestas a colaborar con la Fiscalía General de la República, así como con cualquier otra autoridad competente para determinar las responsabilidades que en su caso se desprendan», abundó.
El Infonavit informó además que no tiene registros en los archivos de la Contraloría de que, durante la Administración de David Penchyna Grub, se hubiera abierto formalmente un procedimiento de responsabilidades que derivara en sanciones.
La denuncia penal se encuentra radicada en la FGR con el fin de comprobar los hechos denunciados y presuntas responsabilidades registradas en las administraciones tanto de Murat como de Penchyna.
Con información de Agencia Reforma.
