Aunque los cambios al entorno alimentario en México han recibido una fuerte resistencia de parte de la industria alimentaria, especialistas recomiendan distintas políticas, incluyendo impuestos y subsidios, que limiten el acceso a la comida ultraprocesada, principalmente entre niñas y niños.
Activistas, científicos y organismos internacionales han advertido durante décadas sobre el avance y gravedad de la obesidad en México, causadas en buena medida por la falta de políticas integrales que mejoren el panorama alimentario del país y su consecuente mala alimentación. Sin embargo, la letalidad del COVID-19 entre personas con enfermedades crónicas reaviva el debate y vuelve urgentes las acciones para atender el problema, coinciden especialistas de distintos sectores.
“Este es un momento en el que tenemos que reflexionar sobre la seriedad que se le tiene que dar a resolver las enfermedades crónicas, porque hay muchas cosas que ya sabemos que podemos hacer”, dijo Simón Barquera, experto en alimentación y director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
La clave en la letalidad de esta pandemia entre las personas que padecen obesidad es la inflamación crónica que genera esta condición en el cuerpo, que puede afectar el sistema inmune y la función pulmonar, ambos fundamentales en la lucha contra el COVID-19, expone un resumen de la investigación médica difundido por la Alianza por la Salud Alimentaria.
La inflamación, que normalmente funciona como mecanismo de defensa del organismo para evitar daños en tejidos ante amenazas biológicas o físicas, en las personas con obesidad y enfermedades crónicas se convierte en una condición constante que genera una hiperactividad en las células del sistema inmune, lo cual daña a las defensas naturales del cuerpo y le impide defenderse efectivamente ante enfermedades como el coronavirus.
Desde los primeros días de la pandemia, el gabinete médico del Gobierno mexicano ha resaltado que la prevalencia de enfermedades como sobrepeso/obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y cardiovasculares son derivadas de la mala alimentación y han facilitado más del 40 por ciento de las muertes de mexicanas y mexicanos por COVID-19.
“La magnitud de la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes […] literalmente nos pesa poblacionalmente. Y hoy enfrentamos una epidemia de COVID-19 con estos estragos prolongados de la mala alimentación”, aseguró el sábado 4 de abril pasado en conferencia de prensa el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien lidera la respuesta a la pandemia en el país.
El zar anti-COVID de México explicó que es equivocado responsabilizar al individuo sobre cómo se alimenta, pues la “causa raíz” son los alimentos que se encuentran disponibles, lo que otros expertos han llamado “entornos alimentarios” o, en el caso de barrios o pueblos con una oferta de comida poco nutritiva, “desiertos alimentarios”.
“En México tenemos una monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados de muy bajo valor nutricional y altísimo poder calórico en forma de bebidas o en forma de productos sólidos”, añadió López-Gatell.
Para dimensionar el problema, el funcionario detalló que la mitad de las muertes registradas anualmente en México, unas 300 mil según el promedio de la última década, “están relacionadas con una mala alimentación” basada en excesos de sal, grasa, azúcar y/o calorías totales.
MÉXICO SIGUE LOS PASOS DE EU
Dado el carácter global de la pandemia de obesidad y diabetes, las complicaciones en pacientes de COVID-19 no son algo exclusivo de México y comienzan a observarse en distintas latitudes del mundo, de manera sobresaliente en Estados Unidos, que comparte con el país los mayores índices de sobrepeso y obesidad.
En lo que ya es considerado el mayor estudio entre personas afectadas por COVID-19 en Estados Unidos, un grupo de investigadores liderados por Christopher M. Petrilli identificaron a la obesidad como la condición crónica con la mayor asociación a padecimiento crónico por coronavirus y como uno de los principales factores de hospitalización entre 4 mil 103 casos analizados en Nueva York entre el 1 de marzo y el 2 de abril. El 71.9 por ciento de estos casos presentó al menos una enfermedad crónica.
Aunque el estudio aún debe ser revisado por científicos pares, sus conclusiones resuenan con lo que han observado otros investigadores en los últimos días.
“La enorme carga de obesidad y otras condiciones críticas entre los estadounidenses nos ponen directamente en riesgo”, señalaron los doctores David S. Ludwig y Richard Malley, del Hospital Infantil de Boston, al New York Times a fines de marzo. “De hecho, con tasas de obesidad en Estados Unidos mucho más altas que en países afectados como Corea del Sur y China, nuestros resultados económicos y de salud podrían ser mucho peores”.
De acuerdo con datos oficiales, el 71.6 por ciento de los estadounidenses de 20 o más años padece sobrepeso u obesidad, una estadística que se ensaña con afroamericanos, hispanos y personas con menor educación.
“Si comparamos a México con países de América Latina, encontramos que México es el principal consumidor de productos ultraprocesados. Esto quizá tenga más que ver con la cercanía cultural y física, geográfica, que tenemos con Estados Unidos”, explicó la nutrióloga Ana Larrañaga, directora de la organización Salud Crítica. “Nos llegan con mucha mayor fuerza los impactos publicitarios y las corrientes de la vida cotidiana de Estados Unidos y eso impacta la forma en la que consumimos los alimentos”.
La sobreoferta monstruosa de comida chatarra a la que se refirió Hugo López Gatell es una consecuencia de políticas de apertura y desregulación comercial típicas del neoliberalismo, y acentuadamente por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), revelan numerosas investigaciones que incluyen el libro Eating NAFTA: Trade, Food, Policies and the Destruction of Mexico, editado por la Universidad de California.
Como ejemplo de estos procesos, la importación de fructuosa desde Estados Unidos creció 500 por ciento y el consumo de cereales azucarados se triplicó. El mercado mexicano fue inundado de aceite de aceite de soya y jarabe de maíz de alta fructuosa, reseñaba el experto en políticas alimentarias Braulio Torres Terán en un texto publicado por la revista Nexos en 2018.
“México necesita una política nacional de alimentación que articule programas y sectores, con el objetivo final de mejorar nuestro sistema de comida. Esto significa producir, procesar, distribuir, querer consumir, saber consumir y tener acceso a consumir comida más balanceada, donde comamos una mayor proporción de legumbres, semillas, nueces, verduras. La meta de una política nacional de alimentación debe ser que haya más disponibilidad, acceso y consumo de comida variada, sana, de lenta digestión”, escribió Torres.
Tras la revelación de los datos que comprueban la letalidad del COVID-19 ante la comorbilidad por enfermedades crónicas, la sobreoferta de alimentos ultraprocesados y sus efectos en la salud ha vuelto a la conversación pública, pero ni la evidencia científica disponible ha podido convencer a segmentos críticos de la población, incluyendo a periodistas y líderes de opinión. Muchos de ellos continúan abordando el tema con filtros ideológicos.
En diciembre de 2018, en su discurso de toma de protesta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advertía que a causa de las políticas neoliberales “tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina”, una cifra que en realidad corresponde a la mortalidad por diabetes. Minutos después la analista económica Valeria Moy tuiteó: “Qué grueso que todos se traguen el cuento de que el neoliberalismo (que además no se ha implementado) tiene la culpa de absolutamente todos los males del país, hasta de la diabetes”.
La resistencia más reciente a las reformas al sistema agroalimentario ocurrió ante la iniciativa de Ley de etiquetado frontal, una medida obligatoria que haría más fácil entender cuando un producto alimentario exceda los límites recomendados de azúcares, grasas o sodio. A fines de marzo, en plena pandemia por, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) solicitó en una carta pública al Gobierno federal que no se publicara el etiquetado frontal en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de manera que no entrara en vigor. El argumento de la gremial alimentaria era que la medida les causaría gastos imposibles de pagar en medio de la crisis, ocasionando “un impacto económico negativo” a la industria.
Estos argumentos fueron respaldados por personajes en medios de comunicación nacional, como Sergio Sarmiento o Paco Calderón. En sendas publicaciones para el diario Reforma, el primero descalificó el etiquetado como una medida de “activistas dentro y fuera del gobierno” para “atacar a los capitalistas que producen alimentos procesados”, mientras que el segundo aseguró que lo que se busca con la iniciativa “no es proteger al consumidor, sino destruir las marcas”. En tanto, este tipo de etiquetado ha mostrado su eficiencia en países como Chile y Perú, y ha sido recomendado por organizaciones como la Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El impuesto a las bebidas azucaradas, otra medida cuestionada por comentaristas como Sarmiento, fue reconocida a fines de 2018 por un comité de la prestigiada revista científica The Lancet por la forma en que fue impulsada desde la sociedad civil en México.
“Nos hemos enfrentado a todo tipo de críticas, hasta algunas que caen en lo ridículo como decir que es una política con intereses socialistas”, aseguró Ana Larrañaga, una de las muchas expertas que impulsaron el etiquetado frontal en el Congreso de la Unión. “Esto es realmente una política de salud que se ha estado tratando de impulsar por muchos años y apenas en este momento encontramos una Secretaría de Salud y un Congreso más receptivo a esta propuesta”
agregó la directora de Salud Crítica.
Un argumento común entre los críticos de regulaciones más astringentes para los alimentos ultraprocesados es que estas medidas no alcanzan a la comida de la economía informal, la que se vende en los puestos de tacos, tamales, quesadillas, tortas o cualquier otra del variado repertorio popular mexicano. La “verdadera” causa de obesidad y enfermedades crónicas es la “fritanga” que come el grueso de la población, señalan incluso en cartones.
Se trata de un error común, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, pues la comida rápida y los antojitos mexicanos se encuentran en el penúltimo lugar de consumo de alimentos no recomendables. En cambio, en los primeros lugares de consumo están las bebidas azucaradas, botanas, panecillos, cereales y bebidas lácteas (yogurts) ultraprocesados.
La omnipresencia de la comida chatarra en México y su desplazamiento de la comida tradicional es tal, que a fines de 2018 la subdirectora de salud pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la describió como “inaceptable”.
“Cada vez que voy a la Ciudad de México me da mucha tristeza ver que es muy difícil comprar una fruta o algo que no tenga un aditivo o azúcar”, aseguró la Doctora María Neira. “Es muy difícil sentarse a comer en la mesa de un amigo mexicano y que no ponga una bebida carbonatada en la mesa. Que te ofrezcan agua se ha vuelto algo difícil. Es algo inaceptable en un país como México, que tiene una cocina tradicional tan importante”.
Comida mexicana. Foto: Cuartoscuro.
Clasificar los antojitos mexicanos como no alimento recomendable y ponerla junto a la comida rápida es un error que no permite identificar distintos niveles de calidad en el vasto universo de la comida tradicional mexicana, el cual la Ensanut podría corregir desagregando mejor sus datos, recomendó la nutrióloga Ana Larrañaga.
“Si hay algo que yo criticaría de esta encuesta es que hayan puesto esos dos indicadores en el mismo (nivel), porque sí hay antojitos mexicanos que pueden ser grasosos, pero también hay muchísimos que pueden ser extremadamente saludables”, afirmó.
Como ejemplo, Larrañaga refirió a los tlacoyos, uno de los tantos productos disponibles en puestos callejeros de México. Tradicionalmente hechos con maíz nixtamalizado azul, queso, frijoles o habas, y cocidos en comal, los tlacoyos son ricos en proteínas, fibra, antioxidantes y compuestos que regulan el colesterol y los niveles de glucosa en la sangre. Valores nutricionales similares pueden hallarse en sopes, tacos, tlayudas, tetelas, corundas y tantos otros antojitos tradicionales, en su mayoría elaborados con los ingredientes típicos de la gastronomía mexicana.
“Si la comida mexicana fuera la raíz del problema hubiéramos visto el incremento en las cifras de obesidad muchísimo antes que la llegada de los productos ultraprocesados y no es así”, aseguró Larrañaga. “Vimos el incremento desde que comenzaron a aumentar en México los puestos de comida rápida, desde que se empezaron a llenar las escuelas de papitas, helados, refrescos y todos estos productos”.
En distintos lugares del mundo la crisis por COVID-19 está llevando a repensar el sistema agroalimentario. Por ejemplo, en Estados Unidos los inmigrantes que trabajan como jornaleros fueron designados trabajadores esenciales, mientras que en Inglaterra los episodios de escasez de algunos productos detonaron una nueva conversación sobre el sector que fue respaldada por el diario The Guardian en una editorial.
En México hay más de seis tipos de políticas que se podrían aplicar con suficiente efectividad en relación a su costo para reformar el sistema agroalimentario, varias de las cuales se han impulsado por años ante la resistencia de la industria, explicó Simón Barquera, reciente ganador del premio Gerado Varela, el máximo Galardón del gobierno mexicano en el área de salud pública.
“Como que se va postergando, cuesta trabajo lograr voluntad política y hay una gran interferencia de la industria. Este tipo de eventos [la pandemia] nos deben de hacer reflexionar muy fuerte que no vamos a salir como país de la pobreza y no vamos a lograr un desarrollo adecuado con salud y bienestar si no abordamos la alimentación de la manera más seria”, insistió Barquera.
Uno de los compendios más minuciosos de los cambios necesarios para contrarrestar la epidemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas en el país fue publicado en 2018 bajo el título “La obesidad en México”, un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Academia Nacional de Medicina (ANM). Con la participación de más de 75 científicos de áreas tan variadas como la epidemiología y la economía, el libro ofrece 10 recomendaciones de política pública para atajar el problema:
1. Actualizar y fortalecer el marco legal para la implementación de las políticas y programas de prevención y control de obesidad, y para evitar conflictos de interés.
2. Promover un sistema alimentario que favorezca el consumo de dietas saludables y que minimice los impactos ambientales.
3. Incluir y reforzar las intervenciones para la prevención de la obesidad en etapas tempranas de la vida.
4. Implementar intervenciones para garantizar entornos alimentarios saludables, espacios recreativos seguros y educación alimentaria en las escuelas.
5. Fortalecer la regulación de la promoción y publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a niñas y niños.
6. Modificar el actual etiquetado frontal de alimentos con base en las recomendaciones de expertos en nutrición y salud. (Ya aprobado)
7. Mantener y fortalecer las medidas fiscales (impuestos/subsidios) para aumentar el costo de alimentos y bebidas no saludables y reducir el costo de alimentos saludables.
8. Facilitar y promover estilos de vida activos y mejorar los espacios públicos y el transporte para fomentar la actividad física.
9. Aumentar la detección y mejorar la calidad de la atención del paciente con obesidad y sus comorbilidades.
10. Desarrollar un plan de comunicación basado en evidencia para el cambio de comportamientos relacionados con sobrepeso y obesidad, con enfoque en el curso de vida y con alcance nacional.
Los científicos que sustentan estas propuestas suscribieron un posicionamiento sobre la importancia de atajar el problema, en el que afirman:
“El Estado debe implementar una política pública con intervenciones que promuevan el consumo de dietas saludable y sostenibles y la adopción de estilos de vida activos, a través de cambios en el sistema alimentario, y en los entornos alimentario y construido, para que la alimentación saludable y la vida activa se conviertan en las opciones predeterminadas (a menos que, voluntariamente, los individuos elijan otras opciones), y que sean las más viables y cómodas de elegir”.
