Por Mónica Marín
La corrupción puede ser entendida como un fenómeno que involucra un abuso o violación de poder delegado, con el fin de obtener por acción u omisión un beneficio ilegítimo de carácter personal, económico o de otra naturaleza y es, por tanto, un fenómeno complejo vinculado al ejercicio abusivo de un espacio de poder, que conlleva el incumplimiento de un mandato normativo, que impacta de manera desproporcionada a sectores más vulnerables por su contacto permanente y de dependencia con los servicios públicos.
En el año 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo publicó el libro titulado “El Arte de la Simulación”: Casos emblemáticos de Corrupción en México, con el cual buscaron identificar qué características tuvieron en común tres de los casos más conocidos e importantes de corrupción en México, los cuales son: la Estafa Maestra, Operación Safiro y Caso Duarte, porque a pesar que cada acto de corrupción fue cometido por funcionarios públicos distintos y beneficiaron a otras personas, de un análisis de cada uno de ellos se puede encontrar cuales son las prácticas y vías legales e ilegales con las que fue posible desviar recursos públicos.
Para poder explicar de manera clara lo anterior, es menester iniciar comentando que para regular lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que: “Los recursos económicos de los que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, y que dicta que todas las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se tienen que realizar por medio de licitación pública mediante convocatorias públicas, por lo se publicó en el año 2000 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
De esta manera, los actores involucrados en los tres casos en mención, utilizando las contrataciones públicas que regula le ley anterior, simularon procesos de contratación y desviaron millones de recursos públicos usando como principal elemento a empresas fantasma. En este sentido, una empresa fantasma se refiere a una compañía que, aunque se encuentra constituida y registrada como señala la ley en materia, no ofrece ningún producto o servicio, sino que solo se constituye para ganar contratos del gobierno y realizar operaciones con él. Por tanto, muestran actividades irregulares en comparación con una empresa real.
Las irregularidades más comunes de este tipo de empresas son domicilios fiscales inexistentes, representantes legales ficticios que sufren robo de identidad o son inexistentes, información duplicada o compartida por diferentes empresas.
En razón de lo anterior, podemos deducir que realizar compras o adquirir algún servicio u obra pública no es un delito, pero simular procesos de contratación que más adelante servirán para el desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, sí lo es. El desvío de recursos es una recurrente en México, la cultura de la ilegalidad, la corrupción y la impunidad es un ciclo que no logra romperse, y el sistema que busca que busca combatirlo no termina de fortalecerse, siendo que hasta hoy la corrupción en México aún no se encuentra debidamente castigada.
