La magistrada usa recursos ilícitos para asegurar el control del Poder Judicial
La supuesta transformación en Oaxaca ha demostrado ser solo una fachada para la corrupción desmedida que hoy invade al Poder Judicial del Estado. En el epicentro de este escándalo se encuentra la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), Berenice Ramírez Jiménez, quien sin renunciar a su actual cargo, está en plena campaña para convertirse en Magistrada de Circuito, utilizando recursos públicos y dinero de dudosa procedencia.
La maniobra no es menor, pues de alcanzar la magistratura de circuito, junto con su esposo Juvenal Carbajal Díaz, quien busca un puesto en el Comité de Disciplina Judicial, ambos tendrían control absoluto del Poder Judicial local y federal. Esto les permitiría operar sin contrapesos, asegurando impunidad para sus cómplices y aliados dentro del gobierno de la Primavera Oaxaqueña, encabezado por Salomón Jara Cruz.
Corrupción, crimen organizado y compra de votos
Las denuncias contra Berenice Ramírez Jiménez no son nuevas. Según fuentes del TSJO, la magistrada coacciona votos en diversos puntos de la capital, entregando despensas y artículos para comprar apoyo, lo que constituye un delito federal. Sin embargo, su respaldo no proviene solo del dinero público, sino también del crimen organizado.
De acuerdo con testigos y documentos, Ramírez Jiménez mantiene una estrecha relación con grupos delictivos que financian su campaña a cambio de protección judicial. El objetivo es claro: asegurar que la impunidad siga reinando en Oaxaca, permitiendo que estos grupos operen sin restricciones.
Su esposo, Juvenal Carbajal Díaz, sigue el mismo camino, buscando una posición clave que le permitiría controlar el órgano encargado de sancionar a jueces y magistrados. Con esta estrategia, ambos consolidarían un dominio absoluto sobre el sistema judicial, facilitando negocios ilícitos y encubrimiento de crímenes.
La liberación de Lizbeth Victoria Huerta: un pacto de impunidad
Uno de los episodios más escandalosos en la trayectoria de Berenice Ramírez Jiménez fue la liberación de Lizbeth Victoria Huerta, exalcaldesa acusada de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. El fallo se dio en completo silencio, sin explicación ni comunicado oficial, justo después de la salida de Andrés Manuel López Obrador de la presidencia.
Este acto de impunidad dejó en evidencia el poder de Ramírez Jiménez para doblegar la justicia en favor de intereses políticos y criminales, mientras la familia de la víctima sigue exigiendo justicia.
Red de poder y complicidades dentro de la Fiscalía
El esquema de corrupción no se limita al TSJO. Berenice Ramírez colocó a su ahijado, Manuel Alejandro Mota Lara, como vicefiscal de la Costa, posición clave que ha utilizado para favorecer a grupos delictivos y ordenar acciones ilegales dentro de la Fiscalía.
Fuentes internas aseguran que Mota Lara fue quien ordenó que un grupo de jóvenes tlaxcaltecas fueran entregados al crimen organizado, un hecho atroz que solo dejó como responsables a un Agente Estatal de Investigaciones y a un Ministerio Público, mientras los verdaderos autores intelectuales siguen operando con total impunidad.
Otro operador clave en esta red de corrupción es Emilio Montero Pérez, señalado como líder de un grupo criminal en el Istmo de Tehuantepec. Su papel es asegurar votos para Ramírez Jiménez mediante su estructura delictiva, con la complicidad de Jorge Santiago Villalobos y Arturo Gopar Palau, este último encargado de recibir dinero ilícito y financiar eventos ostentosos para la élite corrupta de Oaxaca.
Un ejemplo claro fue su reciente boda de lujo, pagada con dinero del crimen organizado. En la primera fila, disfrutando de costosos licores y banquetes, se encontraban Bernardo Rodríguez Alamilla, Berenice Ramírez Jiménez y Juvenal Carbajal, una imagen que resume el estado de putrefacción del sistema judicial oaxaqueño.
Denuncias ignoradas: la impunidad como norma
Pese a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos electorales y vínculos con el crimen organizado, hasta el momento no se ha ejercido ninguna acción contra la magistrada y su red de corrupción.
La omisión de las autoridades solo confirma que el poder judicial en Oaxaca no responde a la justicia, sino a intereses oscuros que se reparten los cargos como botín político.
Si esta situación continúa, Oaxaca se enfrentará a un escenario aún más peligroso, donde la justicia será un negocio privado y los crímenes quedarán impunes bajo el manto protector de Berenice Ramírez Jiménez y su red de corrupción.
Las denuncias contra Berenice Ramírez Jiménez no son nuevas. Según fuentes del TSJO, la magistrada coacciona votos en diversos puntos de la capital, entregando despensas y artículos para comprar apoyo, lo que constituye un delito federal. Sin embargo, su respaldo no proviene solo del dinero público, sino también del crimen organizado.
De acuerdo con testigos y documentos, Ramírez Jiménez mantiene una estrecha relación con grupos delictivos que financian su campaña a cambio de protección judicial. El objetivo es claro: asegurar que la impunidad siga reinando en Oaxaca, permitiendo que estos grupos operen sin restricciones.
Su esposo, Juvenal Carbajal Díaz, sigue el mismo camino, buscando una posición clave que le permitiría controlar el órgano encargado de sancionar a jueces y magistrados. Con esta estrategia, ambos consolidarían un dominio absoluto sobre el sistema judicial, facilitando negocios ilícitos y encubrimiento de crímenes.
La liberación de Lizbeth Victoria Huerta: un pacto de impunidad
Uno de los episodios más escandalosos en la trayectoria de Berenice Ramírez Jiménez fue la liberación de Lizbeth Victoria Huerta, exalcaldesa acusada de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. El fallo se dio en completo silencio, sin explicación ni comunicado oficial, justo después de la salida de Andrés Manuel López Obrador de la presidencia.
Este acto de impunidad dejó en evidencia el poder de Ramírez Jiménez para doblegar la justicia en favor de intereses políticos y criminales, mientras la familia de la víctima sigue exigiendo justicia.
Red de poder y complicidades dentro de la Fiscalía
El esquema de corrupción no se limita al TSJO. Berenice Ramírez colocó a su ahijado, Manuel Alejandro Mota Lara, como vicefiscal de la Costa, posición clave que ha utilizado para favorecer a grupos delictivos y ordenar acciones ilegales dentro de la Fiscalía.
Fuentes internas aseguran que Mota Lara fue quien ordenó que un grupo de jóvenes tlaxcaltecas fueran entregados al crimen organizado, un hecho atroz que solo dejó como responsables a un Agente Estatal de Investigaciones y a un Ministerio Público, mientras los verdaderos autores intelectuales siguen operando con total impunidad.
Otro operador clave en esta red de corrupción es Emilio Montero Pérez, señalado como líder de un grupo criminal en el Istmo de Tehuantepec. Su papel es asegurar votos para Ramírez Jiménez mediante su estructura delictiva, con la complicidad de Jorge Santiago Villalobos y Arturo Gopar Palau, este último encargado de recibir dinero ilícito y financiar eventos ostentosos para la élite corrupta de Oaxaca.
Un ejemplo claro fue su reciente boda de lujo, pagada con dinero del crimen organizado. En la primera fila, disfrutando de costosos licores y banquetes, se encontraban Bernardo Rodríguez Alamilla, Berenice Ramírez Jiménez y Juvenal Carbajal, una imagen que resume el estado de putrefacción del sistema judicial oaxaqueño.
Denuncias ignoradas: la impunidad como norma
Pese a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos electorales y vínculos con el crimen organizado, hasta el momento no se ha ejercido ninguna acción contra la magistrada y su red de corrupción.
La omisión de las autoridades solo confirma que el poder judicial en Oaxaca no responde a la justicia, sino a intereses oscuros que se reparten los cargos como botín político.
Si esta situación continúa, Oaxaca se enfrentará a un escenario aún más peligroso, donde la justicia será un negocio privado y los crímenes quedarán impunes bajo el manto protector de Berenice Ramírez Jiménez y su red de corrupción.
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