Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca— La crisis financiera y administrativa en Santa Cruz Xoxocotlán podría alcanzar un nuevo nivel en los próximos días, cuando el municipio enfrente un posible apagón del alumbrado público debido a la negativa del presidente municipal saliente, Inocente “Chente” Castellanos, de cubrir una deuda millonaria por el suministro de energía. La presidenta municipal electa, Nancy Benítez, heredará una deuda cercana a los 8 millones de pesos si Castellanos no asume su responsabilidad y utiliza los recursos federales etiquetados para este fin.
Desde el inicio de su administración, Castellanos suspendió los pagos a la empresa Ecopur S.A. de C.V., que provee al municipio de energía limpia para el alumbrado público, un servicio contratado durante la gestión de su predecesor, Alejandro López Jarquín, para reducir los costos en comparación con las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque Castellanos se comprometió a cubrir los pagos pendientes de 2022 “en abonos” y a mantener al día los pagos de 2023, solo cumplió parcialmente con este acuerdo. Los pagos correspondientes a 2022 y 2024 siguen sin ser cubiertos, a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había destinado y etiquetado los recursos para este concepto.
El paradero de los fondos destinados al pago de la energía, así como del millón de pesos que anualmente ahorra el Ayuntamiento por el uso de energía limpia, es incierto, lo que ha generado preocupación y sospechas sobre un posible mal manejo de los recursos públicos. A pesar de las advertencias y amonestaciones por incumplir lo establecido en el contrato, Castellanos ha mantenido su postura de no pagar, afirmando que resolvería el asunto directamente con el hermano del gobernador, Noé Jara.
La situación podría dejar a Santa Cruz Xoxocotlán sin alumbrado público este fin de semana, exponiendo a sus habitantes a la inseguridad en un contexto donde la delincuencia ha aumentado en los últimos años. Esta crisis se suma a los retos que enfrentará Nancy Benítez al asumir la presidencia municipal, heredando una deuda millonaria y un municipio a oscuras, lo que podría desencadenar sanciones e incluso consecuencias penales por el posible desvío de recursos.