El discurso oficial de la “primavera oaxaqueña”, que ubica al estado entre las cinco entidades más seguras del país, se está quedando sin credibilidad ante el alarmante aumento de la inseguridad y la corrupción imperante en las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según denuncias de miembros anónimos de la corporación de la Policía Estatal, quienes prefirieron no identificarse por temor a represalias, la crisis de comunicación se ha vuelto crónica. Llevan un mes sin dispositivos de comunicación, ya que el costo del servicio –alrededor de 3 millones de pesos– no ha sido cubierto. En este escenario, las prestaciones y otros pagos a los elementos de seguridad se encuentran rezagados, mientras las autoridades imploran a los oficiales que se abstengan de ocupar el cuartel, con la esperanza de que Salomón Jara Cruz salde sus pagos pendientes a fin de mes.
La situación se agrava aún más cuando se sabe que parte de los recursos destinados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC Oaxaca) están siendo usados para mantener a elementos de la Marina en la ciudad. Estos, catalogados por algunos funcionarios como “floreros” que realizan patrullajes sin resultados palpables, generan gastos innecesarios en un contexto de crisis.
Ante la falta de soluciones, la única alternativa encontrada por Iván García Álvarez, titular de la SSPC, y el propio Jara Cruz, ha sido obligar a los oficiales a usar sus celulares personales –y con su propio saldo– para comunicarse. Además, se ha recurrido a la compra de radios de fabricación china, de la marca Baofeng, que apenas permiten la comunicación en la unidad de policía vial. Un funcionario, visiblemente afectado, declaró:
“Estamos mal, estos uniformes que tenemos son los que nos dieron el año pasado para utilizarlos durante las fiestas de Guelaguetza, pero no nos han dotado este 2025, nos tienen jodidos.”
La crisis se enmarca en un contexto de creciente violencia en Oaxaca. El estado superó las mil víctimas de homicidio doloso en 2024, y en lo que va de 2025 ya se han registrado 87 casos, lo que ha provocado un retroceso de dos posiciones en la lista de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, el balance de TResearch muestra un incremento del 51% en homicidios.
Aun así, apenas el pasado 15 de enero, Iván García Álvarez aseguraba en su comparecencia ante el Congreso local que Oaxaca se mantenía como la quinta “más segura del país”. Dicho argumento resulta cada vez más insostenible frente a la crónica falta de comunicación y recursos que vive la Policía Estatal, elementos fundamentales para una respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.
Por otro lado, el presupuesto asignado a la SSPC para 2025 se redujo en un 15%, pasando de 3,342 millones de pesos a 2,828 millones, sin contar las múltiples anomalías y fallas que presentan las cámaras de videovigilancia del C4, actualmente en proceso de migración al C5.
La tensión se palpita en las calles de Oaxaca. Con oficiales que han quedado incomunicados y equipamiento insuficiente, la promesa de una “primavera” de seguridad se tambalea, y muchos advierten que esta bomba de tiempo podría estallar en cuanto los uniformados decidan hacer valer sus derechos, evidenciando así las mentiras y el desfalco de la administración de Salomón Jara Cruz.
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