El pasado sábado, Javier Lazcano Vargas, extitular de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra) del Gobierno de Oaxaca, abandonó el penal de Tanivet. Pese a enfrentar un proceso judicial por el presunto ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, fue beneficiado con la medida cautelar de prisión domiciliaria. Esta decisión fue tomada por la jueza María Antonia Esteva Domínguez, quien, según diversas fuentes, ha sido señalada como una jueza “a modo”, designada para casos especiales bajo la dirección de la presidenta del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez.
Lazcano Vargas fue aprehendido en noviembre de 2023 por su presunta implicación en un pago indebido de 50 millones de pesos a la empresa ICA, propiedad de Carlos Slim, por la obra de ampliación de la avenida Símbolos Patrios. Ahora, tras solo diez meses en prisión, continuará su proceso desde la comodidad de su hogar, lo que ha generado indignación entre diversos sectores que señalan la existencia de acuerdos políticos detrás de esta resolución.
Este caso ha destapado críticas sobre la actuación del Poder Judicial de Oaxaca, que, lejos de impartir justicia, parece estar alineado con los intereses de un grupo político en el estado. Berenice Ramírez Jiménez, en su calidad de presidenta, ha sido acusada de aplicar la ley según sus negociaciones con funcionarios del Gobierno estatal, lo que ha provocado una profunda desconfianza en el sistema judicial.
La jueza María Antonia Esteva, responsable de otorgar el beneficio a Lazcano Vargas, no es ajena a la polémica. Hace unos meses, anuló la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, en otro caso controversial. Este patrón de decisiones judiciales refuerza las sospechas de que la justicia en Oaxaca está condicionada por intereses políticos, más que por el respeto al Estado de derecho.
El dicho popular “con dinero baila el perro” parece aplicarse en este contexto, donde los poderosos y sus aliados obtienen resoluciones favorables, mientras que ciudadanos comunes, acusados de delitos menores, enfrentan condenas severas. Ejemplos de personas que han sido encarceladas por delitos menores contrastan con la liberación de figuras políticas influyentes.
La sombra de la corrupción judicial también se cierne sobre el caso de Lizbeth Victoria Huerta, exedil de Nochixtlán, quien fue condenada por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu en marzo de 2021. Se espera que, en los próximos días, Huerta sea liberada tras la reclasificación del delito que se le imputa, otro movimiento negociado entre Berenice Ramírez y el gobernador Salomón Jara.
Este escenario pone en evidencia que el Poder Judicial de Oaxaca ha sido pervertido hasta extremos alarmantes, favoreciendo a los aliados políticos y dejando a las víctimas de crímenes graves en un limbo de impunidad. Mientras la justicia parece llegar únicamente para unos pocos, el clamor popular por un sistema más justo y transparente sigue siendo ignorado.
Las implicaciones de estos actos ponen en tela de juicio la legitimidad de la justicia en Oaxaca, y aunque Berenice Ramírez Jiménez haya encontrado formas de evadir las leyes en beneficio de intereses particulares, tarde o temprano, la justicia, sea terrenal o divina, podría alcanzarla.
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