Por Gerson Hernández Mecalco*
Por encima de la ley nada. El Estado de Derecho es el conjunto de herramientas jurídicas que garantizan en democracia, los derechos y obligaciones de todas las y los ciudadanos; donde se debe garantizar la presunción de inocencia. Pero México registra un estancamiento en el Estado de Derecho de acuerdo con el “Índice de Estado de Derecho 2020-2021” elaborado por el World Justice Project (WJP); quien presentó por tercera ocasión, los avances en la materia en las 32 entidades federativas. El WJP es una organización independiente, sin fines de lucro y multidisciplinaria, que utiliza investigación, recolección y análisis de datos; el establecimiento de una red activa y global de conocimiento, y el apoyo a programas prácticos dirigidos a encontrar soluciones locales.
¿Qué es el Estado de Derecho? Es la base para que las comunidades gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo sostenible, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales. Durante la última década, el WJP ha realizado encuestas en más de 120 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho. Sin embargo en nuestro país a la pregunta de ¿Qué palabras asocias con la frase “Estado de Derecho”?, en la encuesta a población general, aplicada a 25 mil 600 personas; las respuestas más frecuentes por rango de edad son: De 18 a 35 años; 48 por ciento no sabe y el resto lo relaciona con respeto, igualdad y justicia; de 36 a 59 años, 52 por ciento lo ignora y los que dicen, que sí saben los asocian con: Respeto, libertad y justicia; de 60 años y más, 59 por ciento no tienen ninguna idea y los que sí, mencionaron las palabras derechos, respecto y confianza.
Contrapesos al poder gubernamental. Se muestra un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejado mediante caídas en los puntajes del sub-factor 1.5 en 16 entidades desde la última publicación del Índice. A pesar de esta disminución, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal por tercer año consecutivo, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos. Los estados donde la prensa se debilitó más fueron: Colima, Baja California y Campeche. Las entidades donde la libertad de expresión está mejor evaluada son Nuevo León, Tlaxcala y Aguascalientes.
Pandemia. El Covid-19 afectó la impartición de justicia; debido a la ausencia de medidas de justicia abierta y digital para operar por medios remotos y colaborativos con la ciudadanía. Por último, los estados con los puntajes más altos en estándares de Estado de Derecho son Yucatán (0.47) que gobierna el panista Mauricio Vila, Coahuila (0.45) encabezado por Miguel Riquelme y Campeche (0.44) comandado por Carlos Aysa. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34) con Carlos Joaquín González, Puebla (0.35) con Miguel Barbosa, y Morelos con Cuauhtémoc Blanco (0.36).
Cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a 0.42). Tal vez ahora más que nunca, con estos datos nos enfrentamos a lo que decía Mario Vargas Llosa con respecto a las amenazas a la democracia en América Latina: Terrorismo, debilidad del Estado de Derecho y neopopulismo; sin contar con la frase de que “hay que taparle la boca los reporteros”.
*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco
