Oaxaca se encuentra bajo escrutinio nacional debido a las acciones recientes del Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), y el Tribunal Superior de Justicia, quienes, en un intento por mostrarse como defensores de la justicia en el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, han generado una controversia legal que ha dejado perplejos a muchos.
El foco del escándalo es el empresario Juan Antonio Vera Carrizal, quien fue absuelto por un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca del delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, tras la resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca deshabilitó al Tribunal de Debate, impidiendo que dictara sentencia, lo que ha sido calificado como una maniobra burda para mantener a Vera Carrizal en prisión.
Esta acción ha desatado críticas en las redes sociales, donde internautas han señalado que la justicia en Oaxaca es una “vergüenza nacional”. Los abogados de Vera Carrizal han denunciado que se está intentando juzgarlo dos veces por el mismo delito, lo cual va en contra de los principios básicos del derecho.
El caso ha revelado un escenario de supuesta incompetencia y manipulación dentro del gobierno oaxaqueño, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, quien ha sido acusado de interferir en el proceso judicial para ocultar la ineficacia de la Fiscalía. A pesar de no contar con pruebas contundentes, Ríos Ortiz ha demandado una indemnización de 85 millones de pesos, y ha utilizado sus redes sociales para criticar abiertamente a las autoridades, acusándolas de corrupción y de falta de interés en la justicia para las mujeres.
El gobernador Jara Cruz, en su programa semanal, intentó defender la decisión de revocar la liberación de Vera Carrizal, tildando al juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien absolvió al empresario, de “aberrante” y “activista contra la Cuarta Transformación”. Estas declaraciones han sido vistas como un intento de desviar la atención de los múltiples problemas de su administración, que ha sido acusada de proteger a funcionarios con antecedentes cuestionables, como Donato Vargas, señalado por actos de misoginia.
En este contexto, la “primavera oaxaqueña”, como se autodenomina el gobierno estatal, ha logrado atraer la atención de abogados y académicos de todo el país, quienes ahora analizan la interferencia estatal en un asunto penal y la posible manipulación de la ley para satisfacer intereses políticos.
Oaxaca, hoy más que nunca, se enfrenta a un desafío que va más allá de un caso legal: se trata de la credibilidad de sus instituciones y el respeto al estado de derecho.
