Tania Caballero Navarro asumió hace poco la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la coordinación parlamentaria de su bancada en el Congreso de Oaxaca. El nombramiento reactivó un debate público que no sólo cuestiona el procedimiento político, sino también el historial legislativo de la diputada: sus registros oficiales muestran escasa producción normativa y sus críticos apuntan a ausencias y a la falta de trabajo en comisiones claves. 
¿Qué dicen los números?
• En las bases de datos del propio Parlamento aparecen iniciativas firmadas por Caballero Navarro en distintos periodos, pero varios reportes y recortes locales sitúan su productividad en niveles bajos en comparación con el resto de la LXVI Legislatura. Un reportaje local (que cita “datos del parlamento”) apunta a que, hasta fechas recientes, la legisladora habría registrado únicamente nueve iniciativas y dos puntos de acuerdo, cifra que la ubica en los últimos lugares por presentación de propuestas. 
Ausencias y permisos con goce de sueldo
• Los mismos reportes que analizan la productividad señalan además que Caballero Navarro figura entre las diputadas con mayor número de permisos con goce de sueldo, y que su ausencia frecuente del Pleno se asocia —según críticos— a asistencias a giras del Ejecutivo. Esa acumulación de permisos y de inasistencias ha alimentado cuestionamientos sobre su compromiso con la función legislativa. 
Comisión de Estudios Constitucionales: ¿sesiones y dictámenes?
• Como presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales, su gestión también ha sido objeto de señalamientos. Publicaciones y voces locales la acusan de no haber impulsado sesiones regulares durante su primer año y de dejar sin dictamen un número importante de iniciativas turnadas a esa comisión — en algunos comunicados y posts se habla de “casi 200” expedientes pendientes — situación que, de ser atendida con mayor diligencia, repercutiría directamente en la agenda legislativa del congreso. En los archivos públicos del Congreso se encuentran actas y turnos de iniciativas que permiten verificar la existencia de expedientes en espera de dictamen. 
Discrepancias en la formación académica declarada
• La ficha curricular oficial que el Congreso publica sobre la diputada señala que cuenta con “Licenciatura en Derecho” y “Maestría en Administración Pública”. Eso aparece en documentos institucionales disponibles en la página del propio Congreso. La presencia de esos datos en la ficha no exonera la necesidad de transparencia: en un tema tan sensible como la representación pública, la verificación de títulos y de la correspondiente cédula profesional (cuando aplica) es parte del escrutinio ciudadano y periodístico. 
¿Qué importa esto para la ciudadanía?
La Jucopo define agenda, administra tiempos y recursos del Congreso. Que quien la presida acceda a ese puesto con un historial legislativo limitado —poca producción de iniciativas propias, ausencias reiteradas, y presuntas demoras en dictámenes de comisión— encenderá siempre la discusión sobre prioridades: ¿quién define la agenda y con qué criterio técnico y democrático? Los datos y los documentos oficiales, así como las notas periodísticas que cubren el tema, obligan a pedir cuentas claras y a exigir mayor transparencia en la gestión legislativa.
