Por Amir Paredes Almaraz
En la víspera del fin de año, desde el punto de vista de la administración pública y como estudiante de la misma, me encuentro en la necesidad de reflexionar sobre lo acontecido a lo largo del año en este rubro, particularmente en el de las contrataciones públicas en el gobierno federal.
Fue una noticia popular al finalizar el primer semestre del año, el aumento de las contrataciones públicas realizadas bajo el procedimiento de adjudicación directa, mecanismo que si bien está previsto en el marco jurídico respectivo, se encuentra plagado de vulnerabilidades en el proceso que le confieren a los operadores de estos procedimientos la discrecionalidad, parcialidad y opacidad, características que fomentan la practicas corruptas en un gobierno que solo en el discurso se dice combatir.
Tal tendencia se ha mantenido durante el año, llegando a ser la forma de adjudicación de contratos predilecta, hasta por el 80% del total de las compras de gobierno conforme a datos de CompraNet, plataforma electrónica para registrar y llevar a cabos las contrataciones públicas en sus diversas formas.
Cabe señalar que tampoco se pretende una apología a las otras dos formas de contratación, la licitación pública y la invitación a cuando menos tres personas, puesto que dichos procesos se encuentran envueltos en las mismas practicas de la adjudicación directa, como comentaremos más adelante.
En este orden de ideas, dicha información ha sido compartida hasta el cansancio dentro del rubro de noticias sobre la constante corrupción, sin precisar cuales son sus implicaciones. En primera instancia, las contrataciones públicas tienen origen en las necesidades del gobierno derivadas de los esfuerzos para la realización de sus funciones, las cuales no pueden ser solventadas por sí mismo, para lo cual, debe buscar el aprovisionamiento de bienes y servicios en la iniciativa privada, mismos que pueden variar en un amplio espectro, desde los servicios de papelería, hasta las obras públicas de gran impacto.
Para ello, se ha entretejido un marco jurídico que hace posible tales procedimientos de contratación, sustentado en la noción de concebir al gobierno como un cliente más dentro de un mercado con sus particularidades. No obstante, hay una consideración adicional: si el aprovisionamiento falla, pone en riesgo la consecución de las metas y objetivos de gobierno, que, en teoría, están impregnados con la noción del “bien público”.
Por lo anterior, la reflexión contenida en esta columna versa sobre las siguientes dimensiones:
En la económica: la corrupción en el gobierno, en cualquiera de sus órdenes (municipal, estatal o federal) es un tópico común que la mayoría de las personas tiene presente, no obstante, la óptica del fenómeno de la corrupción se vuelve menos clara cuando se piensa desde aquella de las empresas a quienes de les adjudica un contrato envuelto en estas prácticas, dejando de lado la severidad de la crítica y el escrutinio en este ámbito, cuestión que debe ser abordada con la misma rigidez que aquella realizada hacia el gobierno.
Si se realiza el ejercicio anterior, se perciben elementos que, de otra forma, pasarían desapercibidos y me refiero a la lógica de obtener la mayor ganancia poniendo en marcha el menor esfuerzo, mantra que se ha perfeccionado en las contrataciones públicas donde, tanto gobierno como iniciativa privada, echan mano de formas refinadas para la simulación en plena complicidad. Lo anterior cobra sentido cuando la dinámica misma de la maximización de las ganancias es la fuerza que forja estas relaciones, recordando la interacción entre la estructura y la superestructura en términos de Marx.
En la social: pensando en términos de las consecuencias que padecemos los ciudadanos excluidos de la toma de decisiones, somo los destinatarios directos de los problemas originados por este tipo de contrataciones dirigidas, desde la prestación de servicios o adquisiciones inexistentes que provienen de necesidades fabricadas, hasta la entrega de estos sin la calidad o los parámetros mínimos necesarios para su funcionamiento. Pongamos de ejemplo la contratación para la línea 12 del metro en la Ciudad de México.
Desde luego, la deficiencia en los productos proveídos desde el gobierno hacia la ciudadanía no solo se ven afectados de forma exclusiva por la problemática de las contrataciones públicas, sino por un sinfín de circunstancias adversas inherentes, ante las cuales, parece ser que no tenemos los medios para incidir a nuestro favor.
Ante la tendencia vista hasta ahora, el año entrante no pinta distinto en cuanto a las prácticas favoritas del actual gobierno federal. Sin embargo, lo que podemos hacer desde el concepto de ciudadanía es voltear a ver modelos autogestivos/comunitarios para la atención de las necesidades inmediatas y cotidianas que padecemos a un nivel local. Desde luego, tal alternativa no resulta aplicable frente a los megaproyectos insignia de cualquier administración, los cuales tendremos que padecer en sus dimensiones social y económica, como un destino ineludible.
