Redacción
A cuatro años de haberse iniciado el caso del intento de feminicidio de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, la exigencia de justicia se ha convertido en un millonario negocio, pues los intereses cambiaron ahora busca que la sentencia mejore sustancialmente su posición económica.
De acuerdo con informes del gobierno de Alejandro Murat, han salido a relucir los contratos, pagos por atención médica y dinero en efectivo que han recibido la saxofonista y su asesora jurídica, Diana Cristal González Obregón, para evitar señalamientos mediáticos contras las autoridades como ya se ha acostumbrado.
Dentro de la información dada a conocer figuran cuatro facturas por distintas cantidades de dinero que suman casi 2 MDP, que ha cobrado la abogada Diana Cristal –a pesar que ha dicho que ella no le han pagado “un solo centavo”–, los montos por factura son de 116 mil, 290 mil, 348 mil y un millón 160 mil pesos.
Eso sin contar las facturas que pagó el Sector Salud de Oaxaca, a instituciones privadas para la rehabilitación de la saxofonista, por montos que suman otros 2 MDP.
En Oaxaca nunca en la historia se han otorgado cantidades tan elevadas para la atención de víctimas, los millonarios recursos públicos que le han sido entregados a María Elena en su calidad de víctima, nunca los había dado a conocer y menos la posición privilegiada que mantiene tanto que ahora busca una diputación federal.
Tanta ambición económica y de poder ha corrompido el sistema, tan es así que ha incluido como víctima indirecta a su hermano Carlos Ríos, un criminal que tiene orden de aprehensión por homicidio calificado y para el que también exige indemnización.
La motivación económica en el caso de María Elena Ríos se confirma con la solicitud de 85 millones de pesos que la saxofonista ha pedido como “reparación del daño integral” a pesar de que son endebles las pruebas que mantienen en la cárcel a su presunto victimario.
Tan endebles que ha emprendido una campaña mediática para desacreditar a jueces, magistrados y hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, para presionarlos que fallen a su favor. El caso se resolverá en breve y todas las mentiras de la saxofonista se van cayendo, por eso ha incrementado la presión en medios de comunicación afines para que se exija le paguen los 85 millones de pesos.
