Ciudadanos acusan a presuntos funcionarios del Gobierno de la actual administración por vender plazas en dependencias de gobierno, de acuerdo el expediente DQDI-B/280/04/2022, ya se comenzaron las acciones legales correspondientes.
A través de una denuncia remitida a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Trasparencia se señalan presuntas faltas administrativas cometidas por los funcionarios Pablo Carlos Cortés Escobar y Javier Ranulfo Zárate Guevara, presuntos servidores públicos del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca.
También a Óscar Uriel González Cisneros, María Fernanda Martínez, María Fernanda Domínguez, María José Martínez, Lucía, Adriana García y Ricardo Hernández quienes presuntamente laboran en la Secretaría de Administración, los cuales vendieron plazas de gobierno entre 275 mil pesos y 300 mil pesos.
Por lo que piden que a los presuntos servidores públicos se les finquen responsabilidades administrativas y que dejen de lucrar con las personas a las que le venden las plazas.
El modus operandi
Las y los presuntos funcionarios señalados como vendedores de plazas laborales mantienen una red de corrupción en las instalaciones de la Ciudad Administrativa en donde ofrecen sus servicios como “gestión de contratos laborales”, a personas que acuden a buscar trabajo, a los cuales le piden documentación y grandes sumas de dinero, engañándolos que tendrán los lugares de trabajo al pagarlos.
Los presuntos trabajadores del Estado ofrecen estos espacios laborales en el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca y en la Secretaría de Administración en donde presuntamente tendrán contratos y en algunos caos nombramiento base.
Por último, estas personas reciben el dinero de sus víctimas en efectivo.
La documentación solicitada
Las y los integrantes de esta red de corrupción solicitan una serie de documentos como INE, CURP, RFC, comprobante de domicilio, solicitud de empleo, Currículum Vitae, acta de nacimiento, fotografías, comprobante de último grao de estudios y constancias de inhabilitación.
Hasta el momento ni la Contraloría del Estado, la Gubernatura han respondido a la denuncia.
