La violencia feminicida en Oaxaca es una pandemia que no cesa. Ante la medida de permanecer en casa para evitar la propagación del Covid-19, cientos de niñas y mujeres se encuentran en contextos que ya de por si resultaban peligrosos por los altos índices de agresiones a las que están expuestas de manera cotidiana y sistemática. Tan sólo del 01 de diciembre de 2016 al día de hoy han ocurrido 427 feminicidios en la entidad, sin que el Estado demuestre voluntad para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, como es el caso de María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada hace dos años y cuyo crimen sigue impune a pesar de haberse interpuesto todos los recursos correspondientes tanto por el feminicidio como por delitos electorales y demás delitos cometidos alrededor del caso, sin que a la fecha exista ningún avance sustancial.
A más de 70 días de contingencia en la entidad las agresiones a mujeres no se detienen, pues según el subregistro que realiza Consorcio Oaxaca, del 21 de marzo a la fecha han ocurrido 16 feminicidios -entre los que se encuentran el asesinato de una bebé y dos niñas de 7 años que fueron baleadas en la vía pública-. Más del 60% de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego y el resto con arma blanca, golpes, calcinadas o estranguladas. En los casos en que es posible conocer el móvil del delito, el 43% de los asesinatos ocurrieron mientras las mujeres se encontraban en espacios públicos.
Es la región del Istmo la que registra el mayor número de asesinatos de mujeres durante la contingencia, con 7 casos. Le siguen la Sierra Norte con 3, la Costa 2 casos, Papaloapam 2, Valles Centrales y la Mixteca con 1 caso respectivamente.
La violencia familiar también se incrementó 25% respecto al primer bimestre de 2020. Más del 80% de los ataques sucedieron mientras las víctimas se encontraban en su casa, 64% fueron atacadas por sus parejas, esposos y familiares y 21% por los hijos varones. El resto de las agresores eran conocidos.
Los ataques van de las amenazas, golpes e insultos, hasta agresiones con arma blanca, asfixia e intento de feminicidio. En la región de Valles Centrales ocurrieron 10 de los 14 casos reportados en medios locales.
Respecto a los delitos sexuales -7 casos registrados en lo que va de la contingencia- encontramos 4 en el rango de los 4 a 15 años de edad. Las mujeres fueron víctimas de violación, acoso sexual e intento de feminicidio, ya sea dentro o fuera de sus hogares por parte del vecino, novio, profesor y/o desconocido.
Los datos anteriores no necesariamente indican la “cifra negra” de la violencia feminicida que impera en el estado en lo que va de esta administración, mucho más si consideramos que según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) en México 8 de cada 10 mujeres no pidieron apoyo a ningún tipo de institución ni presentaron queja o denuncia. Si a esto agregamos que en el contexto de pandemia “las mujeres están librando barreras como información confusa, vías de comunicación cerradas y fiscalías cerradas” (Vela, 2020), las cifras no representan la dimensión real de la violencia que están enfrentando cientos de mujeres en la entidad durante la pandemia.
En datos del Informe Des-protección judicial en tiempos de Covid-19 se observa que“una de las consecuencias del aislamiento es la reducción de redes de apoyo con las que normalmente cuentan las mujeres para hacer frente a la violencia (…), a todo esto se suma la ausencia del Estado” (EQUIS, 2020). En dicho informe se evalúan los parámetros que tomaron en cuenta los Poderes Judiciales locales para atender la violencia de género en tiempos de pandemia y Oaxaca se encuentra entre los 13 estados que no establecieron en su Plan de Contingencia guardias para emitir órdenes de protección en materia familiar.
Además, es una de las 18 entidades que no consideran órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia en materia penal ni estableció medidas precautorias para ellas en tiempos de pandemia.
Por lo que exigimos:
· Que se asigne y etiquete presupuesto suficiente para enfrentar todos los impactos de la violencia feminicida.
· La destitución de los funcionarios que tengan antecedentes de violencia contra las niñas y mujeres, en las diversas modalidades y tipos de violencia, así como cuándo por sus acciones u omisiones en cumplimiento de su cargo se vulneren o violenten los derechos de las niñas y mujeres.
· Se dicten en forma oportuna las órdenes de protección para niñas y mujeres en situación de violencia.
· Que las unidades de atención a la violencia familiar generen mecanismos para cubrir la necesidades de las mujeres que están pidiendo auxilio.
