El empresario asegura que presentó una denuncia contra José Enrique Feria Torralba y sostiene que existen elementos para investigar una posible autoría distinta en el ataque con ácido; sus acusaciones no han sido acreditadas judicialmente.
OAXACA DE JUÁREZ, Oax., 10 de noviembre de 2026.— El empresario y exfuncionario federal Simón Levy abrió un nuevo frente de controversia en el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, al asegurar que solicitó al Gobierno de Estados Unidos investigar y aplicar sanciones contra autoridades judiciales mexicanas que intervinieron en el proceso penal contra el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal.
A través de publicaciones y documentos difundidos en sus plataformas digitales, Levy afirmó que presentó solicitudes ante los departamentos de Estado y de Justicia estadounidenses para que se analicen posibles violaciones al debido proceso y se valore la aplicación de medidas bajo el mecanismo Global Magnitsky.
El empresario también aseguró haber presentado una denuncia contra José Enrique Feria Torralba, conocido como “El Toro”, a quien señala como presunto responsable material del ataque con ácido cometido contra María Elena Ríos el 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León.
De acuerdo con Levy, Feria Torralba tendría vínculos familiares con integrantes de los Feria Romero, a quienes atribuye presuntas relaciones con estructuras delictivas y protección política en la región de la Mixteca.
“El Toro”, una relación marcada por presunta violencia
Como parte de sus señalamientos, Levy retomó antecedentes de la relación sentimental que María Elena Ríos habría mantenido durante aproximadamente seis años con José Enrique Feria Torralba, cuando ella tenía 18 años.
De acuerdo con información atribuida a declaraciones ministeriales de la saxofonista, durante esa relación habría sufrido episodios de violencia física. Uno de los hechos referidos ocurrió el 6 de enero de 2017, durante un baile en la colonia Juquila, en Santo Domingo Tonalá, donde presuntamente Feria Torralba intentó agredirla nuevamente.
Levy sostiene que el entorno familiar de “El Toro” habría estado relacionado con actividades delictivas en la Mixteca y acusa a integrantes de los Feria Romero de brindarle protección. También afirma que el padre de Feria Torralba habría participado en agresiones contra opositores políticos de esa familia.
El empresario extiende sus señalamientos a figuras políticas que, según su versión, habrían llegado a ocupar cargos públicos en Oaxaca mediante presuntas relaciones con grupos criminales.
Levy solicita sanciones ante autoridades estadounidenses
En el ámbito internacional, Levy afirma que desde el 23 de septiembre presentó escritos ante distintas instancias estadounidenses, entre ellas el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.
En el registro de documentos que publica en su propio portal aparecen solicitudes relacionadas con el marco Global Magnitsky y referencias a posibles restricciones de visa, así como comunicaciones dirigidas al FBI.
El mecanismo Global Magnitsky permite al Gobierno estadounidense imponer sanciones contra personas señaladas por graves violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción, siempre que se cumplan los requisitos legales y exista una determinación de las autoridades competentes.
Levy sostiene que las solicitudes buscan que se investigue la actuación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y jueces mexicanos que participaron en las resoluciones relacionadas con Vera Carrizal.
La controversia judicial por la absolución de Vera Carrizal
El nuevo posicionamiento de Levy ocurre mientras el caso permanece bajo revisión de la Suprema Corte.
Juan Antonio Vera Carrizal fue detenido en abril de 2020 y vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, luego de que María Elena Ríos lo señalara como presunto autor intelectual del ataque con ácido que sufrió en septiembre de 2019.
El 14 de agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño dictó un fallo absolutorio a favor del exdiputado y otros acusados, al considerar que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no había logrado desvirtuar la presunción de inocencia.
Sin embargo, la jueza María Antonia Esteva Domínguez dejó sin efectos la liberación y ordenó reponer el juicio, luego de que el juzgador que había presenciado las audiencias y emitido el fallo fuera separado de sus funciones, cuando todavía estaban pendientes la redacción y lectura formal de la sentencia.
La decisión abrió una controversia jurídica sobre las facultades de una jueza sustituta para invalidar una resolución absolutoria sin haber presenciado directamente el desahogo de las pruebas.
El 19 de octubre de 2026, el Pleno de la SCJN resolvió, por siete votos contra uno, atraer cinco amparos en revisión relacionados con el expediente.
La Corte precisó que su intervención se centrará en analizar la legalidad de la anulación del fallo absolutorio y la reposición del juicio, no en determinar directamente la culpabilidad o inocencia de Vera Carrizal.
Un caso que sigue sin resolución definitiva
Mientras la defensa de Vera Carrizal sostiene que debe respetarse la absolución dictada en 2024, María Elena Ríos ha solicitado que se mantenga la revisión de los recursos y se evite que los acusados obtengan beneficios procesales que, a su consideración, obstaculicen el acceso a la justicia.
En este escenario, Levy asegura contar con audios, videos y documentos que, según afirma, cuestionarían la investigación ministerial y la responsabilidad atribuida al exdiputado.
El abogado también ha difundido señalamientos sobre presuntas irregularidades en documentación utilizada para tramitar la visa estadounidense de un menor, acusación que dirige contra Ríos.
Cabe señalar que Levy ha reconocido públicamente que la familia de Juan Antonio Vera Carrizal lo contrató en agosto de 2026 para emprender acciones jurídicas en su favor, un antecedente relevante para contextualizar sus declaraciones y cuestionamientos sobre el proceso.
Por ahora, las acusaciones contra Feria Torralba, las presuntas redes de protección política y los señalamientos contra la saxofonista permanecen en el terreno de las afirmaciones difundidas por Levy. La resolución de la Suprema Corte, por su parte, deberá definir el alcance jurídico de la reposición del juicio, sin que ello implique anticipar el resultado del proceso penal.
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