CABIEN adjudicó casi 5 millones de pesos por carretera que no se construyó; contratista aparece en narcomensajes del CJNG

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El contrato fue asignado directamente a Estructura y Construcciones Kemajosa, representada por Jehu Saúl Vásquez Paz, con un plazo de ejecución de apenas 10 días, justo antes de cerrar 2024; el empresario también mantiene vínculos sindicales y relaciones políticas con figuras de la 4T oaxaqueña.

OAXACA, Oax.— A diez días de concluir el ejercicio fiscal 2024, Caminos Bienestar (CABIEN), organismo del Gobierno de Oaxaca, adjudicó directamente un contrato por 4 millones 995 mil 178 pesos con 90 centavos para la construcción de un tramo carretero en la Sierra de Juárez. El proyecto debía ejecutarse en apenas diez días naturales, pero la intervención contratada no se refleja en las condiciones actuales del camino.

La contratación, realizada durante la administración de Moisés Salazar Martínez al frente de CABIEN, favoreció a Estructura y Construcciones Kemajosa, S.A. de C.V., representada por Jehu Saúl Vásquez Paz, identificado también como “Saúl Vásquez”.

El procedimiento quedó asentado en el oficio CABIEN/DG/977/2024, fechado el 20 de diciembre de 2024, mediante la adjudicación directa ADE-CABIEN-030-2024.

El objeto del contrato fue la construcción de la carretera que comunica a Santa María Yalina con San Bartolomé Zoogocho, específicamente en el tramo del kilómetro 0+000 al 0+660, dentro del municipio de Santa María Yalina.

De acuerdo con las condiciones establecidas por la dependencia, los trabajos debían iniciar el 21 de diciembre y concluir el 30 del mismo mes. Es decir, CABIEN comprometió prácticamente cinco millones de pesos para una obra con un periodo de ejecución de diez días, en los últimos días del año presupuestal.

Una carretera sin rastro de la obra contratada

El señalamiento central está en el destino de los recursos públicos. Un recorrido de inspección por la zona permitió constatar que el tramo carretero no presenta evidencias de los trabajos de infraestructura contratados. La vialidad entre Yalina y Zoogocho conserva las condiciones de deterioro y abandono, sin que se adviertan las intervenciones correspondientes al proyecto adjudicado.

La situación coloca bajo cuestionamiento el cumplimiento del contrato y el destino de los casi cinco millones de pesos comprometidos por el organismo estatal.

A ello se suma que el oficio de adjudicación no expone las circunstancias particulares que justificaron recurrir a la contratación directa, ni incorpora el dictamen técnico que sustente la excepción al procedimiento de licitación pública.

Para formalizar la asignación, CABIEN invocó los artículos 25, fracción III; 42; 43, fracción VII, y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Recursos identificados con 2023 para un contrato de diciembre de 2024

Otro aspecto que destaca en la documentación es el origen de los recursos destinados al proyecto.

Caminos Bienestar estableció que la obra sería financiada con recursos autorizados provenientes de la asignación para funcionamiento 2023, con base en un oficio de autorización emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca el 29 de octubre de 2024.

Sin embargo, la adjudicación se formalizó hasta el 20 de diciembre de ese año, una diferencia temporal que abre interrogantes sobre el manejo y la aplicación de los recursos públicos utilizados para financiar la contratación.

De la CTM a ASAEO: el perfil sindical de Saúl Vásquez

El representante de la empresa beneficiada no es un personaje ajeno a las estructuras sindicales y de movilización en Oaxaca.

Jehu Saúl Vásquez Paz cuenta con antecedentes dentro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), donde mantuvo vínculos con dirigentes como Carlos Mejía y Marcos Sánchez.

Su trayectoria estuvo marcada por una ruptura con el grupo de Marcos Sánchez, luego de diferencias relacionadas con disputas financieras y presuntos incumplimientos de pagos. Posteriormente, su cercanía se inclinó hacia Carlos Mejía.

Con el paso del tiempo, Vásquez Paz consolidó su propia posición como dirigente sindical y operador de la organización ASAEO, donde mantiene relaciones con otros integrantes de esa estructura, entre ellos personajes identificados como “El Cuquis” y “El Oaxaco”.

Su presencia en estas organizaciones contrasta ahora con su participación como representante de una empresa que recibió una adjudicación millonaria de obra pública durante la actual administración estatal.

Narcomensajes del CJNG y relaciones políticas

El nombre de Jehu Saúl Vásquez Paz también ha aparecido en mensajes atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), localizados junto al cuerpo de un taxista originario de Santa Lucía del Camino, cuyo cadáver fue abandonado en el municipio de San Pablo Etla.

La aparición de su nombre en esos mensajes constituye otro de los antecedentes que rodean al contratista y que adquieren relevancia frente a la asignación de recursos públicos a la empresa que representa.

A este señalamiento se suma su relación con Jorge López Guerra, alias “El Guerra”, presidente de la Unión Ganadera del Istmo, quien fue detenido durante un operativo de fuerzas federales en la región del Istmo de Tehuantepec.

En el terreno político, Saúl Vásquez ha presumido su cercanía y amistad con la exsecretaria de Turismo, Saymi Pineda, así como con el senador Antonino Morales Toledo, dos figuras vinculadas a la estructura política de Morena en Oaxaca.

Estas relaciones colocan la contratación en un contexto que rebasa el ámbito administrativo: un empresario con presencia sindical, referencias en mensajes atribuidos al crimen organizado y vínculos con personajes de la política estatal obtuvo un contrato cercano a los cinco millones de pesos de una dependencia del Gobierno de Oaxaca.

La adjudicación directa, el reducido plazo de ejecución, la ausencia de trabajos visibles en el tramo contratado y el perfil del beneficiario conforman una serie de cuestionamientos sobre la asignación y el cumplimiento de la obra pública en Caminos Bienestar.

Mientras tanto, el camino que debía ser intervenido continúa sin mostrar los resultados de una contratación que comprometió recursos públicos por casi cinco millones de pesos.

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