Andrea Monserrat, víctima de una agresión física y sexual perpetrada por María Elena Ríos Ortiz, denunció un “blindaje político” que ha paralizado su proceso legal durante casi un año y medio. La denunciante señala que, pese a existir pruebas videográficas del ataque ocurrido el 19 de diciembre de 2024 en un hospital de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia han sido omisos. Monserrat sostiene que la figura pública de Ríos Ortiz ha servido como un escudo mediático, afirmando que mientras a ella se le niega la justicia, la activista goza de una protección institucional que impide que rinda cuentas ante la ley.
El testimonio detalla que Monserrat fue golpeada y humillada por la activista, su hermana y sus escoltas. La agresión escaló en la vía pública, donde la joven fue despojada de su ropa interior y fue víctima de abuso sexual, resultando en lesiones graves en sus partes íntimas. Andrea subraya que, durante toda la agresión, estuvo presente la MP Luz Gabriela Pacheco Pacheco, quien a pesar de su cargo y de presenciar directamente las agresiones, no intervino ni brindó auxilio alguno. La brutalidad sólo terminó cuando policías vestidos de civil intervinieron para salvar la vida de la joven, cuestionando la saña de los atacantes.
Actualmente, el proceso judicial por abuso sexual, tentativa de secuestro, lesiones y discriminación se encuentra detenido por el juez Carlos Alan Rodríguez Alcalá. La víctima acusa que el juzgador ha paralizado el caso exigiendo notificaciones presenciales en domicilios donde la activista no es localizada, facilitando así la evasión de la justicia. Monserrat recalca que esta impunidad se ha visto reforzada por narrativas digitales donde la activista se presenta como víctima, revirtiendo los hechos a pesar de que la joven se encontraba sola y en condiciones de vulnerabilidad frente al equipo de seguridad de Ríos Ortiz al momento del altercado.
Finalmente, Andrea Monserrat criticó el sesgo ideológico de las instituciones que debían protegerla, mencionando que incluso la Secretaría de las Mujeres, bajo la previa gestión de Citlalli Hernández, optó por “no victimizar” a Ríos Ortiz en lugar de investigar las agresiones denunciadas. La joven hace un llamado a las nuevas autoridades para que el caso se revise sin favoritismos políticos, exigiendo que el activismo de María Elena Ríos no sea utilizado como una credencial de impunidad para ejercer violencia y para que, por primera vez, se garantice el derecho a la justicia para las víctimas que no cuentan con plataformas mediáticas.
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