Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. – En medio de una escalada de violencia y eventos delictivos en el Istmo, ha surgido una alarmante movilización en apoyo a Miguel Ángel Sánchez Altamirano “Quetu”, presidente municipal de Juchitán, quien enfrenta serias acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, lo más grave es que Emilio Montero Pérez, actual director del IEEPO y ex presidente municipal de dicha ciudad, impulsa esta marcha con respaldo (financiero y operativo) del narco, y todo ello con la impunidad de parte del gobernador Salomón Jara Cruz.
La marcha, presentada como una “defensa de la autonomía” contra posibles intervenciones estatales o federales, ha sido denunciada por activistas y vecinos como una estrategia de encubrimiento político, con personas presionadas o empleadas con dinero sucio para simular apoyo. Lejos de ser una protesta legítima, se trata de un montaje para proteger a “Quetu”, acusado de encubrir desde su administración el avance de células criminales como la del “Comandante Cromo” en actividades delictivas como quema de tiendas, ataques contra transporte y control de calles.
Aunque Montero Pérez defiende su papel, negando una “campaña de desprestigio” , su papel como promotor de esta marcha revela una preocupante línea de acción: funcionario del IEEPO —órgano educativo— utilizando recursos públicos (y del narco) para blindar a un alcalde señalado por operar con delincuentes. Mientras tanto, el gobernador Salomón Jara Cruz calla y evita intervenir, pese a conocer públicamente los riesgos que representan estos grupos.
El silencio de Jara es una señal ominosa: su administración ha presumido avances en seguridad, tecnología de vigilancia y combate al narcotráfico , pero ahora ha permitido que el narco se suba a la tribuna pública. Cuando no existe acción clara contra una movilización con claros tintes de crimen organizado, es señal de tolerancia, o peor: de complicidad.
En consecuencia, el caso del “Quetu” y la marcha respaldada por Montero Pérez ponen en evidencia dos debilidades graves del gobierno estatal:
- La inacción deliberada de Salomón Jara, que prefiere mirar hacia otro lado antes que ejercer el poder como corresponde.
- La infiltración del narco en funciones públicas: desde el magisterio educativo con Montero, hasta el municipio de Juchitán, donde los servicios públicos sirven como tapadera de operaciones criminales.
Organizaciones civiles y de derechos humanos han exigido la intervención inmediata de autoridades federales, evitar la manipulación social y avanzar en las investigaciones sobre los vínculos del alcalde “Quetu” con el narcotráfico. De no hacerlo, se corre el riesgo de consolidar un narco-gobierno en el Istmo, con el aval del IEEPO y la confidencia gubernamental.
